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El Consejo General del Poder Judicial y las maquinaciones políticas


«Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. (…) Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España»



El mensaje de Whatsapp, escrito por el portavoz del PP en el Senado en relación con el nombramiento fallido del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sirve para ilustrar cómo en el sistema político español es absolutamente imposible hablar de un poder judicial independiente. En este sentido, dicho mensaje nos invita a analizar este hecho desde dos puntos de vista; el primero examinando algunos aspectos del texto, pero el segundo debe incluir algo más importante como son los elementos que impiden la independencia del poder judicial. Por consiguiente, hay que intentar ir más allá de la anécdota, más allá de los enfrentamientos partidistas derivados del mensaje, y acudir a la raíz del problema para averiguar porqué España envió al ostracismo a Montesquieu y a Locke.

Primeramente, es necesario mencionar que el entrecomillado que aparece al principio del artículo no es todo el mensaje, sino una de las partes más interesantes. En relación con esto, ¿por qué es importante controlar esa sala segunda?, ¿y a qué sala segunda se refiere? Se está hablando de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es precisamente la Sala de lo Penal. La importancia de controlar dicha sala radica en que, dada la situación de aforados de muchos políticos, es ahí donde éstos si se diese el caso deberían ser juzgados. Además, para comprender todo el entramado hay que añadir que el presidente del Tribunal Supremo es el mismo que el del Consejo General del Poder Judicial, quien además es determinante para confeccionar las distintas salas del Tribunal Supremo. Por tanto, el interés del PP en elegir el presidente del CJPG no era algo baladí.

Ahora bien, respecto a lo anterior cabe mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 586 que la elección del presidente del CJPG será llevada a cabo en la sesión constitutiva de este órgano, siendo necesario que su candidatura obtenga tres quintos de los miembros del pleno o, al menos, ganar una segunda votación entre los dos candidatos más votados. Esto es destacable porque, en realidad, PP y PSOE ya habían pactado un presidente, aunque finalmente éste renunciara. Esto significa que estas dos formaciones políticas buscaban delegar su voto en los miembros del CGPJ, que ellos mismos habían elegido, para que éstos después designaran al presidente que previamente se había pactado. ¿Cómo justificar esta intromisión?

En todo caso, la crítica no debe dirigirse solo hacia Partido Popular y Partido Socialista, puesto que ellos son solo dos actores de un sistema corrupto desde sus cimientos. Evidentemente, son dos actores importantes y, en cierta medida, también han colaborado en el diseño del sistema, pero no son el sistema, solo participan en él. En este sentido, existen unas reglas de juego, en cualquier caso muy alejadas de lo que sería una democracia, que acepta cualquier partido político que decide participar. ¿Qué más sorpresas depara este sistema? El Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional superior del país, es elegido por los miembros del CGPJ. ¿Y el Tribunal Constitucional? El guardián de la Constitución y quien debe resolver tanto recursos de inconstitucionalidad, como conflictos de competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas es elegido por otro sistema de cuotas entre Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ.

Sin embargo, y pese a lo anterior, los despropósitos no se detienen ahí. Los doce consejeros de cuentas que componen el pleno del Tribunal de Cuentas son elegidos a medias entre el Congreso y el Senado. El Fiscal General del Estado es conocido que se elige por el Gobierno. Hasta el Defensor del Pueblo, que goza de cierto prestigio en nuestro país, es también designado por una comisión mixta Congreso-Senado, y además luego debe rendir cuentas a las Cortes Generales, ¡nada que ver con aquella valiente y potente figura de la República Romana que era el Tribuno de la Plebe! Dicho esto, aunque fuera posible continuar, debe mencionarse que existe un evidente problema de concentración de poder: los tentáculos del Gobierno y de los partidos con mayor representación en las Cortes van a ser enormes. Algo más grave en nuestro sistema ya que el Gobierno (poder ejecutivo) cohabita con el poder legislativo.

Consecuentemente, hay que abordar una cuestión: ¿el hecho de que los diputados y la mayoría de los senadores[1] sean votados por la ciudadanía es suficiente razón para que éstos elijan a los miembros de tantos órganos? El hecho de que un reducido grupo de personas influyan decididamente en la conformación de tantos órganos, los cuales además teóricamente deberían supervisar la acción de los primeros, solo puede conducir al despotismo, y éste tenderá a comportarse de la misma manera, aunque tenga un origen popular. Las monarquías absolutas del siglo XVIII eran déspotas porque hacían las leyes, las aplicaban y, si era necesario, también las interpretaban sin que ninguna otra institución se les pudiera oponer. De este modo, el mayor problema de esas monarquías no era que no fueran electivas, sino todo el poder que concentraban, tal y como sucede con los gobiernos actuales.




[1] Una parte de los senadores son elegidos por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.



La moción de censura en España


El inusual hecho que, el 1 de junio de 2018, se aprobara en España una moción de censura, copó las páginas de los periódicos analizando causas, consecuencias y otros aspectos de esta moción en concreto, pero pocos o ninguno de estos artículos examinaron las características del instrumento en sí. En este sentido, la Constitución, en su artículo 113, entiende la moción de censura como un medio para exigir la responsabilidad política del Gobierno. Por tanto, se presenta como un interesante recurso para que el poder legislativo (Congreso) pueda controlar al ejecutivo (Gobierno). Sin embargo, la propuesta de moción de censura española, de tipo alemán-constructiva, debe acompañarse de un candidato que, en el caso de que ésta prospere, ocuparía el cargo de presidente del gobierno. Generalmente, este hecho no ha llamado la atención, aunque una vez más sirve para poner de manifiesto la nula división de poderes entre legislativo-ejecutivo.

Lo dicho anteriormente cobra sentido si se observa cómo, en un mismo procedimiento, el Congreso postula un candidato para presidir el gobierno, derroca al anterior y nombra al suyo. Mientras tanto, la ciudadanía observa desde la distancia todo lo relacionado con dicho procedimiento. Pese a ello, soy consciente de que es algo que está recogido en la Constitución, así que no es mi intención cuestionar su legalidad, igual que aquellos que acepten las reglas del juego (participando de una u otra manera en el sistema) tampoco deberían cuestionar su legitimidad. No obstante, dentro de la lógica política representativa hay otras maneras de controlar al ejecutivo que permitirían una mayor implicación popular como, por ejemplo, la moción rupturista. La cual, implica que, si es aprobada, tengan que convocarse nuevas elecciones para elegir presidente del gobierno.

Este tipo de moción parece razonable: el Parlamento censura al Gobierno, pero es la ciudadanía quien debe nombrar a otro Presidente. En definitiva, no es un “quítate tú que me ponga yo”, sino un “quítate y que la gente decida a quien quiere”. Entonces, ¿por qué España no adopta este tipo de moción? Porque al no tener propiamente unas elecciones a Presidente del Gobierno, sería muy difícil de llevar a la práctica. Lo que tiene son unas elecciones legislativas que sirven para designar un Congreso, cuyos diputados posteriormente eligen al Presidente del Gobierno[1]. En consecuencia, si España adoptara esta moción rupturista, cuando el Parlamento la aprobara inmediatamente debería disolverse para convocar elecciones legislativas, puesto que son el único camino para elegir presidente. Ahora bien, ¿qué mayoría parlamentaria iba a proponer una moción de censura así sabiendo que su aprobación implicaría unas nuevas elecciones que podrían alterar la actual correlación de fuerzas?

En resumidas cuentas, en el sistema español se produce la siguiente incongruencia: el legislativo inicialmente designa al jefe del ejecutivo y, si llega un momento que la mayoría del legislativo cambia de parecer, puede cambiar al gobierno con una moción, que ellos mismos presentan, votan y aprueban. La intromisión de un poder en el otro es sencillamente total. Por consiguiente, la censura rupturista, cuya denominación dicho sea de paso choca con el espíritu de la denominada transición española, solo puede funcionar correctamente en aquellos países donde el ejecutivo y el legislativo nazcan de procesos electorales distintos.  

En cualquier caso, hay otro mecanismo de control al gobierno que merece ser mencionado en este artículo como es el conocido referéndum revocatorio. En el revocatorio cuando un cargo público, en este caso el presidente de un país, lleva un determinado tiempo ejerciendo, cabe la posibilidad de que un porcentaje de la ciudadanía solicite este referéndum, el cual podría terminar implicando el cese del presidente. Lo relevante de dicho referéndum es justamente su carácter revocatorio, porque ello significa que se está revocando algo, y ese algo es precisamente el mandato. Un mandato que, en teoría vincula al representado y al representante, ya que el primero debería poder cesar al segundo. Por el contrario, en España ni siquiera existe esa relación, dado que está expresamente prohibida por el artículo 67 de la Constitución, el cual probablemente esté influido por el pensamiento que Burke expone en su Discurso a los electores de Bristol. Debido a este principio los parlamentarios españoles gozan de una amplia libertad de acción que solo rinde cuentas ante las sedes de sus partidos.




[1] También, como es conocido, se eligen senadores, pero éstos no participan en la elección del jefe del ejecutivo.

El PSOE y sus cosas


Los dirigentes del PSOE, sedicentes socialistas dicho sea de paso, siempre han defendido que este partido es fundamental en la historia de España. En realidad, esta afirmación puede ser cierta, aunque habría que observar de qué manera han repercutido sus actuaciones. En relación con ello, conviene repasar algunos aspectos en la trayectoria de esta formación, cuyos orígenes se remontan a 1879. En aquella época hacía pocos años que la Restauración canovista había reemplazado a la Primera República. Este régimen pivotaba principalmente sobre dos partidos –el conservador del propio Cánovas y el liberal de Sagasta– que se alternaban en el poder. Por entonces, el PSOE pugnaba sin reparos por entrar en un sistema que era abiertamente fraudulento. Un sistema que además de no tener ningún problema en colocar literalmente sus urnas en los tejados, también ostenta el dudoso honor de haber popularizado el llamado «pucherazo». 

Pese a esos inconvenientes, el nuevo partido decidió apostar por la vía parlamentaria, y en 1910 su fundador Pablo Iglesias fue elegido diputado. El PSOE había conseguido entrar formalmente en ese régimen, por lo que ya podía acometer la conocida estrategia socialdemócrata de cambiar el sistema desde dentro. Tanto es así, que el PSOE tuvo un papel destacado cuando ese sistema corrupto cambió a otro, todavía peor, como fue la Dictadura de Primo de Rivera. En 1923, con el régimen canovista en plena decadencia, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que contó con la aprobación del entonces monarca Alfonso XIII de Borbón. ¿Y el PSOE? Mostró una actitud colaboracionista con el régimen, siendo de hecho el único partido que no fue ilegalizado. Esa actitud colaboracionista aumentó en cuanto el PSOE, mediante Largo Caballero, consiguió un puesto en el Consejo de Estado. 

Con todo, la dictadura cayó, y poco tiempo después se proclamó la Segunda República. Durante la mayor parte de la misma, el PSOE demostró ser un partido moderado. No obstante, y en cualquier caso, la valoración de esa actitud responderá a criterios subjetivos. Una vez instaurada la dictadura de Franco, se supo poco del PSOE, siendo el PCE el principal partido clandestino en la oposición. Generalmente se suele decir que el PSOE estuvo 40 años de “vacaciones”. En cambio, una vez terminó la dictadura, o se avistaba próximo su fin, el PSOE volvió, junto a otros tantos partidos, para negociar con los antiguos cargos del régimen franquista su posición en el nuevo régimen. En este sentido, el partido socialista tuvo algo de ventaja frente al resto, ya que recibió una suculenta cifra de dinero procedente de Alemania, a través del conocido «Caso Flick». 

En consecuencia, en 1982 terminó consiguiendo una amplísima mayoría. Pero también se debió a otros factores entre los que se encuentra el famoso «OTAN de entrada NO». En 1981 la UCD firmó la adhesión de España a la organización militar, lo que desató la una ferviente oposición por parte del PSOE. No obstante, el partido de la rosa cambió radicalmente de postura en 3 años, mostrándose partidario de continuar en la OTAN. De modo que, cuando el PSOE ostentaba el ejecutivo convocó una consulta, en la que obviamente pudo utilizar la maquinaria del Estado, para preguntar si se deseaba permanecer en esa organización. Finalmente, se terminó imponiendo el nuevo criterio del PSOE. Al respecto, es conocido que quien convoca un referéndum muy pocas veces lo va a perder. Asimismo, después de la OTAN, vendrían los GAL, el caso Filesa, etc. 

Actualmente el PSOE mantiene esa tradición, tal y como sucede en Andalucía con los ERE. Pero, uno de sus actos más polémicos que ha hecho nunca es haber apoyado, mediante su abstención, la investidura de un presidente de gobierno del Partido Popular. Este hecho es grave principalmente por dos razones: la primera es que el PP mantiene un idilio constante con la corrupción, pero la segunda es que el PSOE ha faltado –nuevamente– a su palabra, ya que sostuvo con inusitada vehemencia, tanto en campaña como después, que votarían no al partido conservador. Por esa razón carece de importancia que luego celebrara un comité federal, dado que el compromiso lo había adquirido con sus votantes. Con todo, el PSOE antepuso, ya no solo sus previsiones electorales, sino la estabilidad y prestigio del régimen a su palabra dada. Un régimen en el que prácticamente todas las formaciones políticas cuentan con casos de corrupción. Ahora bien, en realidad, los partidos son organizaciones pragmáticas, a menudo sin mayor aspiración que el poder en sí mismo. En virtud de ello, este artículo ha relatado ciertos hechos del PSOE, aunque podría haber estudiado los vaivenes de cualquier otra formación política.