Elecciones generales 2019: la victoria de la izquierda y la crítica al sistema D´Hondt

Las elecciones generales de este domingo 28 de abril han configurado un escenario político en el que la correlación de fuerzas del Parlamento se ha visto alterada sustancialmente, dejando un Partido Popular muy tocado. Para explicar estos hechos es importante que el análisis tenga en cuenta tanto el número de votos como el de escaños. Por otra parte, solo se considerarán los votos destinados al Congreso de los diputados y no al Senado, debido a que la primera de las cámaras es, con diferencia, la más importante. Esto se explica, por ejemplo, cuando recordamos que el presidente del Gobierno es elegido por el Congreso. Asimismo, aunque nuestro sistema legislativo se considere de doble lectura[1] la posibilidad de veto que tiene el Senado, puede ser superada muy fácilmente por el Congreso. Del mismo modo, no debe olvidarse que es el Congreso quien autoriza la convocatoria de referéndums, ni tampoco el papel que éste juega en la declaración de los estados de alarma, sitio y excepción. De esta manera, el Senado, ahora controlado por el PSOE, es un adorno muy caro que en la práctica solo sirve para ratificar la aplicación del 155 cuando es propuesto por el Gobierno.

En lo concerniente al análisis puramente electoral lo más destacable es la victoria del Partido Socialista que ha obtenido 7.480.755 de sufragios, lo que supone un incremento de 2.036.909 votos respecto de las últimas elecciones. En lo relativo al Partido Popular, cabe decir que 4.356.023 de personas han dejado de creer en su proyecto. Es un descalabro monumental que ha obligado a la formación conservadora a conformarse con 66 diputados. Para disponer de todos los elementos de juicio también deben recogerse las cifras de los otros tres partidos más importantes (Unidas Podemos, Ciudadanos y VOX). En este sentido, la formación morada ha perdido 1.312.235 de votos y, además, se encuentra en ese punto concreto en el que la regla D´Hondt[2] le penaliza haciéndole perder 29 diputados. Además, Ciudadanos ha conseguido 995.030 sufragios más, lo que le ha permitido sumar 25 nuevos diputados. Por último, Vox ha entrado en el Congreso con un apoyo de 2.677.173 de votos, logrando más de dos millones respecto a su testimonial presencia de las últimas elecciones, lo que se traduce en 24 diputados.

¿Qué interpretaciones se pueden hacer de estas cifras? En primer lugar hay que considerar algo importante, y es que es muy posible afirmar que estas elecciones fueron los comicios del miedo. Desde la izquierda se quería evitar que la derecha y la ultra derecha pudieran formar gobierno y retrotraernos 10, 20, 30 o más años en el tiempo. Por otro lado, la derecha estaba asustada de que los independentistas pudieran influir en el posible gobierno y que eso llegara a implicar desde el indulto a los presos catalanes hasta, en última instancia, la convocatoria de un hipotético referéndum que pudiera “romper” esa España tan importante para la derecha. Por consiguiente, el miedo ha sido el elemento que ha hecho reaccionar a los votantes de ambos bloques, registrando en estas elecciones una participación del 75,75%, casi 10 puntos más que en las últimas. Pese a ello, es llamativo que, bajo estas circunstancias, más de 8 millones de personas hayan decidido abstenerse, superando incluso los apoyos que ha recibido el PSOE.

En consecuencia, el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y VOX) ha sumado 11.169.796 votos. No obstante, conviene recordar que, en 2011, el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta con 10.830.693 de votos. Por tanto, la derecha dividida en tres formaciones, solo ha logrado movilizar a 339.103 personas más que el Partido Popular en 2011. Dejando a un lado posibles variaciones en el censo, es muy destacable la capacidad que tenía entonces el PP de concentrar casi todo el voto de la derecha. Sin embargo, ahora cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿la máxima movilización de la derecha está limitada aproximadamente a 11 millones de votos? Por el contrario, el bloque de la izquierda (PSOE y Podemos) obtuvo algunos apoyos más, en concreto 11.213.684. De esta manera, se infiere que los reclamos electorales de la izquierda han convencido más que los de la derecha. Unos reclamos que, en realidad, no dejan de ser los problemas económicos y sociales de la llamada “gente corriente”. Mientras que, el actual reclamo estrella de la derecha, es decir la exaltación, quizá desproporcionada, de la idea de España como nación, puede que no se encuentre entre las máximas prioridades de la gente. De hecho, cuando España, en 1898, perdió sus últimas colonias a casi nadie pareció importarle demasiado.

Por todo ello el bloque de la izquierda se ha impuesto al de la derecha, aunque hay que remarcar que solo le ha aventajado en 43.888 votos. Entonces, ¿cómo es posible que, con esta pequeña diferencia, PSOE y Podemos hayan conseguido 18 escaños más que PP, Ciudadanos y VOX? Esta pregunta es pertinente porque partidos como PACMA y Front Republicà han conseguido respectivamente 326.045 y 113.008 votos, pero sin alcanzar ningún escaño. Esta anomalía responde a una disfunción propia de la regla D´Hondt que supra-representa a los partidos cuando sobrepasan un determinado umbral de votos. Esta circunstancia es la que se ha dado ahora con el PSOE. En cambio la derecha, al concurrir fragmentada, ha visto como en cada circunscripción[3] ha perdido muchos diputados, lo que hace que los escaños conseguidos no se correspondan con sus votos. En conclusión, la relativamente amplia victoria en escaños de la izquierda responde a lo mismo que tradicionalmente ha hecho ganar a la derecha en otras tantas ocasiones: los defectos del método D´Hondt sumados a unas circunscripciones electorales más o menos pequeñas. Ahora bien, en este caso la habitual apelación estratégico-electoral del PSOE del “voto útil”, ha resultado ser especialmente efectiva.

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[1] Las leyes deben ser aprobadas primeramente en el Congreso (cámara baja) y luego ratificadas por el Senado (cámara alta).
[2] Es el método (proporcional) que permite convertir los votos en escaños.
[3] En las elecciones generales la circunscripción electoral es la provincia. De esta manera, cada una de las provincias tiene un número determinado de escaños en juego, que serán repartidos (mediante la regla D´Hondt) proporcionalmente entre los partidos que se presenten.

La moción de censura en España

El inusual hecho que, el 1 de junio de 2018, se aprobara en España una moción de censura, copó las páginas de los periódicos analizando causas, consecuencias y otros aspectos de esta moción en concreto, pero pocos o ninguno de estos artículos examinaron las características del instrumento en sí. En este sentido, la Constitución, en su artículo 113, entiende la moción de censura como un medio para exigir la responsabilidad política del Gobierno. Por tanto, se presenta como un interesante recurso para que el poder legislativo (Congreso) pueda controlar al ejecutivo (Gobierno). Sin embargo, la propuesta de moción de censura española, de tipo alemán-constructiva, debe acompañarse de un candidato que, en el caso de que ésta prospere, ocuparía el cargo de presidente del gobierno. Generalmente, este hecho no ha llamado la atención, aunque una vez más sirve para poner de manifiesto la nula división de poderes entre legislativo-ejecutivo.

Lo dicho anteriormente cobra sentido si se observa cómo, en un mismo procedimiento, el Congreso postula un candidato para presidir el gobierno, derroca al anterior y nombra al suyo. Mientras tanto, la ciudadanía observa desde la distancia todo lo relacionado con dicho procedimiento. Pese a ello, soy consciente de que es algo que está recogido en la Constitución, así que no es mi intención cuestionar su legalidad, igual que aquellos que acepten las reglas del juego (participando de una u otra manera en el sistema) tampoco deberían cuestionar su legitimidad. No obstante, dentro de la lógica política representativa hay otras maneras de controlar al ejecutivo que permitirían una mayor implicación popular como, por ejemplo, la moción rupturista. La cual, implica que, si es aprobada, tengan que convocarse nuevas elecciones para elegir presidente del gobierno.

Este tipo de moción parece razonable: el Parlamento censura al Gobierno, pero es la ciudadanía quien debe nombrar a otro Presidente. En definitiva, no es un “quítate tú que me ponga yo”, sino un “quítate y que la gente decida a quien quiere”. Entonces, ¿por qué España no adopta este tipo de moción? Porque al no tener propiamente unas elecciones a Presidente del Gobierno, sería muy difícil de llevar a la práctica. Lo que tiene son unas elecciones legislativas que sirven para designar un Congreso, cuyos diputados posteriormente eligen al Presidente del Gobierno[1]. En consecuencia, si España adoptara esta moción rupturista, cuando el Parlamento la aprobara inmediatamente debería disolverse para convocar elecciones legislativas, puesto que son el único camino para elegir presidente. Ahora bien, ¿qué mayoría parlamentaria iba a proponer una moción de censura así sabiendo que su aprobación implicaría unas nuevas elecciones que podrían alterar la actual correlación de fuerzas?

En resumidas cuentas, en el sistema español se produce la siguiente incongruencia: el legislativo inicialmente designa al jefe del ejecutivo y, si llega un momento que la mayoría del legislativo cambia de parecer, puede cambiar al gobierno con una moción, que ellos mismos presentan, votan y aprueban. La intromisión de un poder en el otro es sencillamente total. Por consiguiente, la censura rupturista, cuya denominación dicho sea de paso choca con el espíritu de la denominada transición española, solo puede funcionar correctamente en aquellos países donde el ejecutivo y el legislativo nazcan de procesos electorales distintos.  

En cualquier caso, hay otro mecanismo de control al gobierno que merece ser mencionado en este artículo como es el conocido referéndum revocatorio. En el revocatorio cuando un cargo público, en este caso el presidente de un país, lleva un determinado tiempo ejerciendo, cabe la posibilidad de que un porcentaje de la ciudadanía solicite este referéndum, el cual podría terminar implicando el cese del presidente. Lo relevante de dicho referéndum es justamente su carácter revocatorio, porque ello significa que se está revocando algo, y ese algo es precisamente el mandato. Un mandato que, en teoría vincula al representado y al representante, ya que el primero debería poder cesar al segundo. Por el contrario, en España ni siquiera existe esa relación, dado que está expresamente prohibida por el artículo 67 de la Constitución, el cual probablemente esté influido por el pensamiento que Burke expone en su Discurso a los electores de Bristol. Debido a este principio los parlamentarios españoles gozan de una amplia libertad de acción que solo rinde cuentas ante las sedes de sus partidos.

 
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[1] También, como es conocido, se eligen senadores, pero éstos no participan en la elección del jefe del ejecutivo.

El que no aplauda no repite en lista (un breve análisis del sistema parlamentario)

Los aplausos y ovaciones en el parlamento no se dan precisamente poco. De hecho, parece como si televisar los debates parlamentarios haya potenciado en ellos determinados rasgos que los acercan más al show que a la práctica política. Y en este tipo de formato, ¿por qué cobra mayor importancia el aplauso? Porque es una forma de hacer público que se coincide con lo dicho. Sin embargo, en los platós de televisión los aplausos se producen espontáneamente, al no haber relación personal con quien habla, aunque cuando hay algún tipo de trato con el orador, esa espontaneidad probablemente se reduzca. Pero, ¿qué sucede cuando existe además una relación de poder? Este asunto ha dado pie incluso a historias, como la de aquella campanilla que sonaba para indicar cuando debían cesar los vehementes aplausos que se producían después de los discursos de Stalin. Nadie quiere ser el primero en dejar de aplaudir cuando ha hablado su jefe.

La importancia de este hecho puede relacionarse con dos elementos presentes en los sistemas parlamentarios. El primero es aquel principio aristocrático en el que se basan los regímenes representativos, por el cual se supone que los elegidos en las elecciones son los más aptos para su puesto. El segundo, sería la presuposición de un debate, en el parlamento, encaminado a que las decisiones que se tomen en él sean las mejores para la población. ¿Realmente es así?, ¿no interfiere ningún otro elemento en esta idílica ecuación política? En realidad, en las elecciones no se elige a nadie, ya que los candidatos han sido escogidos previamente. El papel reservado a los electores se limita a ratificar una de las distintas listas que el jefe del partido en cuestión, sea en su nivel estatal o provincial, ya ha conformado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque establece una relación de poder.

En lo concerniente al segundo de los puntos, ¿puede una deliberación en estas circunstancias favorecer a la ciudadanía?, ¿cómo es posible que una minoría dividida a su vez en facciones (con intereses y metas propias) encuentre aquello que sea bueno para la mayoría? Cada una de estas facciones tiene una ideología, por lo tanto una manera particular de interpretar el mundo, pero a su vez deseará aumentar su cuota de poder. Esto acaba dando lugar a una situación verdaderamente dantesca: ¡los partidos en petit comité, antes del debate parlamentario, ya decidieron lo que han de votar sus miembros! ¿Entonces qué ocurre con la deliberación? Queda reducida a una escenificación en donde cada partido lanza proclamas a su parroquia y trata de conseguir nuevos votantes, mientras busca rentabilizar al máximo su cuota de poder en cada una de las votaciones de la cámara.

Este escenario dificulta enormemente el entendimiento entre grupos políticos, puesto que en realidad saben que, salvo pactos entre pasillos, no van a hacer cambiar de opinión a otros grupos. Por eso mismo, las razones esgrimidas por los distintos portavoces no buscan convencer a los demás, sino defender, cara a la galería, sus dogmáticas decisiones. En este sentido, conseguir el mejor aplauso se ha convertido en pieza clave de la dinámica parlamentaria. Cada parte destacada de los discursos, o cualquier aprobación de una norma, debe contar con la pública aprobación del resto de miembros del grupo, los cuales, pese a que coincidan, no escatiman energías en demostrar su adhesión, ya que no aplaudir equivale a declararse sutilmente en rebeldía. La consigna no deja lugar a dudas: la lealtad al partido requiere una exhibición del mejor júbilo posible.

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