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¿Qué hacemos con Cataluña?, ¿ha llegado el momento del federalismo?


Escribo estas palabras, consciente que sobre este tema ya se han vertido muchos litros tinta. Sin embargo, la problemática o el conflicto continúan sin resolverse. Los independentistas y los unionistas, ahora autoproclamados “constitucionalistas”, siguen enfrascados en una disputa que parece no tener fin. Hay que ser sinceros: el movimiento independentista no va a desaparecer de la noche a la mañana, entre otras cosas porque lleva entre nosotros mucho más tiempo del que creemos. Puede ser que el actual independentismo sea relativamente reciente, pero el nacionalismo catalán convive con el español desde hace aproximadamente un siglo.

En consecuencia, hay que ser prácticos, ¿qué soluciones hay sobre la mesa? Principalmente dos, la favorable a la proclamación de la República Catalana y la que defiende con vehemencia que España no puede “romperse”. Al respecto, las naciones no dejan de ser construcciones históricas y, por lo tanto, deben saber adaptarse, sin que ello suponga ningún drama. Es decir, si en algún momento se declarase la independencia de Cataluña tendríamos que asumirla con naturalidad. No obstante, para evitar ese escenario la derecha se escuda en la Constitución, sencillamente porque ahora le conviene, dado que la Carta Magna en su artículo segundo proclama que ésta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Un artículo muy conveniente para los que anteponen España a todo.

Sin embargo, cambiar ese artículo segundo, al pertenecer al Título Preliminar exigiría la reforma del artículo 168, que es verdaderamente complicada. Por esa razón hay otras propuestas como la reforma del Estatuto de Autonomía Catalán. Con todo, esa vía dejaría fuera al resto de regiones. Así pues, ¿por qué no plantear la reforma del Título VIII de la Constitución? Esto podría acometerse mediante una reforma ordinaria del 167. Dicho título, que lleva por nombre De la organización territorial del Estado, en su primer artículo (el 137) establece que el «Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas». Asimismo, también explica como, en su momento, las distintas regiones podían acceder a este régimen de autonomía, mientras que sus artículos 148 y 149 determinan las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas y las que pertenecen en exclusiva al Estado.

Por consiguiente, si se llevara a cabo una reforma ambiciosa de este título, podría acercarse mucho más a un Estado federal. Es cierto que el español no es un sistema excesivamente centralista, pero el sistema federal estadounidense abarca mucho más. En el país norteamericano cada estado tiene su propia guardia nacional (un pequeño ejercito) y también su propio Código Penal (por lo que en algunos estados no se contempla la pena de muerte). De hecho, se permiten singularidades como el paradigmático caso de la democracia participativa de California o que Nebraska tenga un sistema unicameral, en vez del bicameral que tienen el resto de estados. Esos elementos son impensables en el régimen autonómico español.

Ahora bien, no debe caerse en el simplismo, ya que si se reformara el Título VIII obligaría a cambiar muchas normas, como la Ley de Bases de Régimen Local, la LOREG o incluso replantearse el papel del Senado. Pese a todo, es necesario ampliar las competencias de las regiones del Estado español, aunque sin abandonar el razonable criterio de que hayan unos principios federales que sean comunes a todas estas regiones. Además esta reforma no supondría contradicción alguna con el artículo segundo. Por otro lado, es importante cambiar el nacionalismo español actual, de corte reaccionario, por otro más inclusivo y comprensivo con las distintas sensibilidades que habitan en su territorio. La nación que actualmente cuenta con un Estado, o sea España, no debe temer que existan otras naciones que, mediante una estructura jurídico-política concreta, obtengan más competencias que las que tienen ahora las Comunidades Autónomas. Es bueno cambiar la Constitución cada cierto tiempo para adaptarla a un escenario político que es cambiante, puesto que hay muchos artículos que necesitan ser revisados. Esto también le hace ganar legitimidad, en consonancia con aquel principio del consentimiento de los gobernados que enunció Thomas Jefferson. En este sentido, el mayor escollo es que cambiar el Título II (De la Corona) exigiría la reforma agravada del 168.

Quitar lazos amarillos no es libertad de expresión



Es conocido que todo lo relativo al proceso independentista suscita un gran interés político y mediático. Al respecto, no es ningún secreto que las maquinarias de propaganda de las dos partes del conflicto funcionan al 200% porque saben lo que hay en juego. En este caso, como en tantos otros, los símbolos son utilizados para condensar complejos mensajes destinados a conseguir adhesiones a esa causa. De esta manera, los lazos amarillos, actualmente usados para reivindicar la liberación de los presos políticos catalanes, están en el centro de la polémica. Por otra parte, es comprensible que estos lazos tengan sus defensores y sus detractores. Esto es lo que ocurre con cualquier simbología política, la cual aunque pueda poner al descubierto ciertas divisiones, sirve también para que las distintas sensibilidades políticas de una sociedad sean representadas.

De este modo, la libertad de expresión es la que permite que concurran multitud de símbolos, dado que éstos son importantes para atraer nuevas personas hacia sus proyectos políticos, así como para dotarles de más visibilidad. Ahora bien, hay que considerar que esta libertad de expresión es fundamentalmente una libertad de creación y/o de difusión de pensamientos e ideas (mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción[1]), lo que significa que está pensada, igual que el resto de derechos, para ser ejercida en positivo. Este elemento es el que permite que la colocación de símbolos esté amparada por esa libertad de expresión, puesto que se trata de la libre manifestación de unas determinadas ideas políticas. No obstante, si alguien retira unos símbolos, como pasa con los lazos amarillos en Cataluña, ¿estaría ejerciendo también su libertad de expresión?

Para responder esta pregunta convendría recordar de nuevo que este derecho debe ejercerse en positivo, es decir mediante escritos u otros medios. Por consiguiente, esta libertad plantea un escenario en el que la población convive con numerosos mensajes políticos, entre los cuales habrá algunos que no serán compartidos por la totalidad de la población. Con todo, ¿este hecho es suficiente para impedir la difusión de estos mensajes? ¡En absoluto! En un régimen de libertades, cuando no se está de acuerdo con un mensaje, éste debería ser respondido por otro distinto. En consecuencia, es difícil entender la retirada de símbolos como una manifestación de la libertad de expresión, porque ésta es más bien una valoración unilateral de alguien que prefiere que este mensaje no llegue a los demás. Esta conducta, ya que justamente es lo que hace un censor, se encuentra más cerca de la censura.

En otro orden de cosas, tampoco debe asustarnos que los espacios públicos se conviertan a su vez en espacios políticos, pues la democracia es cuando la política alcanza a la mayoría y no solo a las élites. En todo caso, sí es necesario plantear la siguiente cuestión: ¿qué sucede cuando esos lazos se colocan en una propiedad privada? Ahí conviene sopesar el derecho de propiedad frente al de libertad de expresión y valorar cada caso. Pese a ello, bajo estas circunstancias, es previsible que el derecho de libertad de expresión generalmente prevalezca, dado que la propia Constitución ya lo sitúa en un enclave de mayor importancia[2].

Por tanto, en resumidas cuentas, si alguien no está de acuerdo con los lazos amarillos existe un amplio abanico de colores que puede utilizar si desea poner otros lazos. Asimismo, puede defender sus postulados en contra del independentismo e incluso cuestionar la existencia de presos políticos usando pancartas u otros medios para difundir este mensaje político. ¡Eso es libertad de expresión! Ahora bien, cuando se quitan los mensajes con los que no se está de acuerdo, aunque se intente justificar de muchas maneras (también se ha hecho desde discursos pseudo ecologistas), lo que se está haciendo en realidad es ejercer la censura.
 


[1] Artículo 20.1a de la Constitución española
[2] La Constitución recoge la libertad de expresión (art.20) en la Sección primera, Capítulo segundo del Título I, cuya reforma exigiría el procedimiento agravado (168). Mientras que, el derecho de propiedad (33) está en la Sección segunda, cuya reforma se tramita por el procedimiento común (167).

España, Cataluña y el porqué del miedo al voto

 

Creo interesante que un texto sobre la actual disputa entre España y Cataluña hable tanto de nacionalismo como de democracia. Respecto del primero, el nacionalismo es un tipo concreto de identidad colectiva, que basa su razón de ser en aprehender una serie de rasgos comunes preexistentes (lengua, tradiciones, etc.) y entremezclarlos hasta poder presentar un escenario que distinga entre un “nosotros” y un “ellos”. En este sentido, las naciones son una construcción histórica diseñada entre los siglos XVIII y XIX, capaz de movilizar con fuerza a las capas populares. En realidad, es algo que hemos creado nosotros y existirá, por tanto, solo en la medida en la que creamos en ella; algo así como sucede con aquel otro ente divino. Este razonamiento fue recogido por la película Martín (Hache), cuando uno de los personajes dijo: «la patria es un invento»; una afirmación válida tanto para España, como para Cataluña o cualquier otra nación.  

De acuerdo con lo anterior, si los ciudadanos catalanes decidieran independizarse, no se escucharía llorar a esa España que tanto le dolía a Unamuno, ni tampoco equivaldría a que ésta sufriera ningún desmembramiento, con el consabido dolor (emocional) que eso conllevaría. No, la nación no es algo vivo. Sin embargo, aunque el nacionalismo no deja de ser en esencia irracional, no significa que no sea útil. ¿Por qué? Porque la nación está íntimamente ligada con otro concepto muy importante que es el Estado. Y, ¿qué es el Estado? Max Weber lo definió de manera magistral en El político y el científico, al decir que éste es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. De esta manera, prosigue Weber, el resto de asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite.  

Por consiguiente, si Cataluña se independizara menguaría el territorio del Estado español, con la consecuente pérdida de poder de la clase política española, en especial del Gobierno. Puede parecer evidente, pero se hace referencia a este hecho muy poco: el poder es el elemento que subyace en todo este conflicto; en concreto el que perdería la clase política española y el que ganaría la clase política catalana si lograra su propio Estado. Al respecto, Weber señala también que cuando una cuestión es política significa que la respuesta a la misma depende de los intereses en torno a la distribución, la conservación o la transferencia del poder. Asimismo, y en relación con lo anterior, es conocido que si quienes detentan el poder entienden necesario recurrir a esa llamada violencia legítima, el Estado les proporcionaría la cobertura necesaria. 

Ahora bien, la clase política no es totalmente homogénea ni posee el mismo grado de poder. Esa razón explica las diferencias que las distintas fuerzas políticas españolas tienen en este asunto, pero también el hecho de que ninguna de ellas apoye decididamente la independencia catalana, puesto que tanto Podemos como PSOE aspiran a gobernar España y, en este sentido, cuanto más territorio tenga el Estado español mayor es la cuota de poder al que aspiran estas formaciones. Un poder que se desea ejercer sin incertidumbre, aunque la auténtica democracia suponga incertidumbre. ¿Por qué? Porque cualquier votación popular no deja de ser, aunque sea minimamente, imprevisible. Ahora la clase política no desea que se cuestione la idea de España, y eso es precisamente lo que consigue el referéndum, ya que el simple hecho de que vote la gente suscita controversia. Conviene recordar que, en esencia, el papel del político consiste en decidir por los demás, de modo que éstos no pueden simpatizar totalmente con las votaciones populares, porque ahí la ciudadanía decide sin intermediarios.  

En consecuencia, los políticos del Estado español argumentan que el referéndum es ilegal, pero que el procedimiento podría realizarse por los cauces legalmente establecidos. Esta premisa es una falacia, ya que cuando se menciona la soberanía nacional (indivisible si se aceptan los postulados formulados por Jean Bodin) y la indisoluble unidad de la Nación española (ambos principios recogidos en el Título Preliminar de la Constitución), se omite que la modificación de este título exige que se acometa un procedimiento de reforma conocido como agravado o excepcional cuyos trámites (entre los cuales destaca que la aprobación de la reforma debe hacerse por dos tercios de cada cámara) impiden de facto que ésta se haga jamás, porque nunca existirá una correlación de fuerzas favorable para llevar a cabo dicha reforma. Asimismo, y en consonancia con aquel temor de la clase política hacia la participación popular, es muy reseñable que la iniciativa legislativa popular que recoge la propia Constitución, impide que ésta abarque materias, por ejemplo, reservadas a ley orgánica.

En definitiva, aquí hay dos aspectos clave. El primero es la relación entre nación y Estado, y el segundo la cuestión de la democracia. Ambos aspectos explican el nulo interés en que la clase política española pierda territorio en el que actualmente ejerce su poder. Por otra parte, tampoco interesa el simbolismo que representa el referéndum, puesto que cualquier votación popular tiene, por su cercanía con la idea de democracia, un grado de incertidumbre. Una incertidumbre que asusta a unos políticos que les resulta más cómodo gozar placenteramente del poder. Dado que, tal y como decía el propio Max Weber, quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder «por el poder», para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. 


Entre nacionalistas anda el juego (una visión antropológica de la controversia catalana - española)

 
El ser humano nació en África, pero debido a su inicial estilo de vida nómada pronto llegó a todas partes, siendo la generosidad de nuestro mundo quien lo alimentó. Y es que los vínculos de la humanidad con nuestro planeta en un sentido global, y no con un único trozo de tierra, son ancestrales. Sin embargo, la introducción de la agricultura y la ganadería le obligó a adoptar el sedentarismo. Este nuevo modo de vida trajo consigo dos elementos clave que cambiaron, para siempre, las relaciones humanas: la necesidad de una organización política compleja y la cuestión del reparto de los excedentes agrícolas. Por ese motivo, entre los que ejercían de centinelas en aquellos primitivos asentamientos, destacaría una élite que se acabaría encargando tanto de la defensa del asentamiento, como del reparto de lo producido. La rueda de la Historia había comenzado a girar; una minoría organizada se había impuesto sobre la mayoría desorganizada. No obstante, para que esa mayoría se integrara plenamente en la comunidad, que era gobernada por una minoría, debía lograrse que se sintieran parte de la misma. Con ese objetivo pudieron surgir las identidades colectivas, las cuales vinculan emocionalmente a una persona con el lugar al que pertenece.

En este sentido, las polis griegas fueron comunidades que incorporaban a sus ciudadanos en ellas. En cambio, tanto en el feudalismo como en los posteriores tiempos de los monarcas absolutistas, la tierra se entendía como propiedad de estas élites y las personas que habitaban en ellas, súbditos. Esas tierras eran gestionadas (y sentidas) como un negocio de cuyo éxito dependía la supervivencia de la institución monárquica. Para ello, basta con recordar como el oro que se traía de las Américas pasaba a enriquecer solamente las arcas de la Corona Española. La Corona cambiaba de titulares (como la presidencia de un club de fútbol) y su única preocupación es que la “empresa” adquirida resultara rentable. Así pues, la Corona Española pasó de los Habsburgo a los Borbón sin mayor cambio para el pueblo que los Decretos de Nueva Planta, que centralizaron la Administración del Estado. Por todo ello, entonces se hablaba de reinos y no de naciones, aunque ya faltaba poco para que éstas entraran en escena.

En 1789 irrumpió la Revolución Francesa, y las élites que la lideraron, introdujeron un nuevo elemento para movilizar al pueblo: la <<nación>>. Fue todo un éxito, ese novedoso lenguaje establecía que ya no eran súbditos pertenecientes a un reino, cuya soberanía recaía en el rey; ahora la soberanía residía en la nación que, pese a ser un ente abstracto, poseía un atractivo innegable. De este modo, se construyó la nación, y con ella la identidad colectiva pasó a ser nacional. Ese es el motivo, por el que se afirma que la nación es una construcción histórica, y no algo que existiera naturalmente a la espera de ser descubierto. De esa manera, se reformuló la realidad en términos de un “nosotros” y un “ellos”, utilizando para ello un sistema basado en criterios comunes que podían ser, por ejemplo, culturales o étnicos. Con ello floreció ese sentimiento de pertenencia, adulación y defensa de una comunidad imaginada (como diría Benedict Anderson) que es el nacionalismo. Un sentimiento que difícilmente puede concebirse sin los mitos nacionales, aquellas concepciones idealizadas de un pasado que pretende ser común y que generalmente atienden a gestas heroicas. Esos mitos cuanto más remotos sean mejor, porque harán parecer a la nación más antigua. El nacionalismo español alude a las batallas de Sagunto, Numancia, Cádiz, Covadonga, etc. Mientras que el nacionalismo catalán presume de la Guerra dels Segadors. Empero, en ninguno de esos casos existía España ni Cataluña como nación.

Por tanto, este proceso no fue casual, sino alentado por unas élites, que observaron en la nación al caballo de Troya ideal para proteger sus intereses o para reforzar al propio régimen político, tal y como hicieron los revolucionarios franceses del XVIII. Pero, para estudiar el nacionalismo hay que comprender que es un fenómeno atrayente, que incluso ha engullido diversos enclaves ideológicos, obligando a éstos a adaptar su discurso para hacerlo compatible con los postulados que, en principio, defendían. Tuvo mérito el intento de armonizar dos identidades antagónicas como la nacional y la de clase, máxime cuando los fundamentos de la segunda descansan sobre los pilares del solidario internacionalismo, y que si bien su lucha conviene desarrollarse en el marco de los Estados, no debería seducirse por el nacionalismo, ya que éste fue concebido como instrumento de movilización de oligarquías territorialmente definidas.

En el Estado español (por utilizar el término más aséptico posible) conviven varias identidades, entre ellas el nacionalismo centralista español y el nacionalismo periférico catalán. El nacionalismo catalán parece que ya desea alcanzar una de las metas fundamentales de todo proyecto nacionalista, es decir establecerse como Estado. Un fin que choca con la apuesta política del nacionalismo español. Frente a ello el nacionalismo español reacciona aludiendo, en primer lugar, a que hay que respetar la Constitución (la cual puede tocarse para limitar el déficit pero no para otras cosas) y si ésta falla sugieren sutilmente otros mecanismos más propios de tiempos ya superados. Mientras tanto, su oligarquía pone en marcha el aparato mediático para promocionar la idea de España; como, por ejemplo, aquella afortunada “casualidad” de que el ganador del Premio Planeta pronunciara un discurso en favor de la unidad. Tienen tan idealizada a España que la conciben como un ente orgánico, y temen que si éste se le “desmiembra” pueda sentir dolor. Por otra parte, es obvio que no quieren dejar de percibir el suculento dinero que les llega de Cataluña, cuya capacidad para amasar riquezas, podía convertirles en los judíos de la península.

El nacionalismo catalán por su parte, más bien su oligarquía, también han pasado al ataque mediático (aunque no con tantos medios como el español) vendiendo un escenario idílico en el que una Cataluña independiente sería poco más que el paraíso en la tierra. En realidad, a las élites catalanas les entusiasma la idea de un Estado propio, pues siempre es más gratificante aspirar a gobernar un Estado (aunque sea pequeño) que ser un oligarca territorial de un Estado mayor. Asimismo, tampoco se olvidan de las ventajas, para sus intereses, que se derivarían del nuevo marco competencial con el que gozarían si Cataluña fuera Estado.

De esta manera, ambos bandos se han visto enfrascados en una trifulca en donde discuten cual de las dos naciones es más antigua, porque eso dota de legitimidad a un proyecto nacionalista; sin embargo, paradójicamente, no dejan de debatir cual de los dos nacionalismos es más ilustrado o más moderno. Esto se ha convertido en una batalla absurda en la que siempre el nacionalista es el “otro”. Eso sí, una batalla en la que el pueblo son meras piezas en un tablero de ajedrez, cuyos problemas cotidianos quedan en un segundo plano, porque la “nación” está por encima de todos nosotros. Una batalla, en la que están en juego los intereses de aquellas élites políticas, como las que pudieron aparecer en aquellos primitivos asentamientos neolíticos descritos al principio del texto, y que en competencia con otras, tratan de arrogarse el favor del pueblo apelando a identidades artificiales que solo benefician a sus proyectos y ambiciones.