Los principales aspectos de unas elecciones ¿irrelevantes?

 

¿Para qué se convocaron estas elecciones? Para que se pudiera formar gobierno, dado que los resultados que arrojaron las de abril parece que no lo permitieron. Las razones por las que no hubo acuerdo, ya se han analizado pormenorizadamente, sin embargo es razonable destacar que, aunque tanto UP como PSOE cometieron errores, quien tiene mayor responsabilidad es el partido que contaba con mayor representación. Asimismo, es el gobierno en funciones (que también correspondía al PSOE) quien convocó elecciones pensando que obtendría una mayoría suficiente que le permitiría gobernar en solitario. Hasta ese momento, el PSOE había ido construyendo un relato en el que culpaba a UP de bloquear su investidura, pero también curiosamente al PP y Cs. Hoy se ha visto que aquello de “todos bloquean la investidura” no ha vendido como se esperaba.

Eso sí, aunque el PSOE (por ocupar el gobierno provisional y por tener más diputados) tenga más responsabilidad, los demás grupos parlamentarios tampoco estuvieron especialmente constructivos y aguardaban en estas elecciones mejorar sus resultados. Pese a que ha habido cambios, en esencia, se mantiene la correlación de fuerzas agrupadas en los dos bloques, de izquierda y de derecha. Por lo tanto, estamos ante un escenario muy parecido en la práctica y, lo único que seguramente hará alcanzar un acuerdo, es que la idea de unas terceras elecciones resulta descabellada. Por consiguiente, hay que hacer una crítica a la clase política: ¿cuánto dinero se han gastado para que al final todo siga casi igual?, ¿qué les hacía pensar que en menos de un año iba a producirse una variación significativa en el espectro ideológico de la población?, ¿por qué no se apuesta por la celebración de elecciones a presidente del gobierno, en vez de proponer un montón de métodos caciques para que gobierne la lista más votada o que ésta obtenga una prima extra porque sí?

Con todo, primeramente deben observarse las distorsiones de turno producidas en estas elecciones por la regla D´Hondt, es decir, el sistema que se encarga de convertir los votos en escaños. Así pues, Vox ha pasado de los 24 diputados de abril hasta los 52. Ha sido una subida espectacular, el partido verde podría considerarse el ganador de las elecciones. Ahora bien, este aumento de 28 escaños se corresponde con una subida de un poco menos de un millón de votos. Este dato es interesante porque el PSOE ha perdido casi 800.000 apoyos y solo tiene 3 escaños menos que en abril, mientras que UP ha perdido un poco más de 600.000 votos y le ha costado 7 diputados. ¿Y al PP cuántos votos le han hecho falta para subir esos 22 diputados? “Solo” 646.216. Es injustificable cómo la regla D´Hondt premia los partidos que sobrepasan un determinado porcentaje de votos. ¿Qué porcentaje? Vox ha pasado del 10% de los sufragios al 15%, puede deducirse que ahí está la clave. Evidentemente, es la combinación de este sistema  con la circunscripción provincial lo que hace que muchos votos de partidos estatales se pierdan, a la vez que los partidos que concentran su electorado en unas pocas circunscripciones se vean beneficiados.

En lo relativo a los aspectos más relevantes de estas elecciones, uno de ellos es el hecho de que más de 3 millones y medio de personas han decidido votar a una opción claramente de extrema derecha. No tendría sentido pensar que toda esta masa social es nueva, dado que una parte de esta población antes se encontraba integrada en el Partido Popular, quien otrora, con sus 10 millones de votos, aglutinaba desde el centro-derecha hasta la derecha más extrema. Eso sí, ¿cómo se explica el casi millón de personas que no votó a Vox en abril y ahora sí? Una parte proviene, sin ninguna duda, de Ciudadanos, pero ¿y el resto? Es razonable pensar que los conflictos ocurridos en Cataluña, a consecuencia de la sentencia del procés, e incluso la reciente exhumación de Franco, hayan podido contribuir a movilizar o incluso a polarizar cierta parte de la sociedad. A esas circunstancias, hay que sumar el atractivo que está ejerciendo Vox sobre la gente joven que quizá haya votado por primera vez en estos comicios. En cualquier caso, Vox ha venido a ocupar un espacio que mayoritariamente ya existía en la sociedad española, y entiende que Vox le representa mejor.

El otro gran protagonista de la jornada electoral ha sido Ciudadanos, aunque en este caso para mal. La formación naranja ha perdido más de dos millones y medio de votos, rebajando sus escaños de 57 a los 10. ¿Cómo puede explicarse semejante fuga de sufragios en tan solo 7 meses? Ciudadanos ha llevado hasta las últimas consecuencias su indefinición. Inicialmente se postuló como un partido de “centro” (derecha), moderno y liberal, un espacio que en España no estaba suficientemente representado por el Partido Popular. Pero recientemente evolucionó hacia posturas más radicales y conservadoras. Ese cambio estaba motivado por su afán de abarcarlo todo, aunque paradójicamente se quedó sin abarcar casi nada. Esa indefinición terminó por dejarle sin un espacio que ocupar, porque el electorado más conservador probablemente prefirió al PP o VOX, y los más moderados debieron pensar que Ciudadanos se había escorado mucho a la derecha, quizá una parte de estos últimos se hayan abstenido en estas elecciones. Pese a ello, hay otros elementos que contribuyeron a su rápido desgaste como su negativa a considerar pactar con el PSOE.

Asimismo, habría que considerar que Podemos (o ahora UP) no ha dejado paulatinamente de perder votos, precisamente porque no deja de hacer algo parecido a lo de Ciudadanos. Ni siquiera su alianza con Izquierda Unida consiguió frenar esa tendencia. El recurso al partido catch-all o “atrapalotodo” es más habitual de lo recomendable, porque no siempre se rentabiliza igual que lo hacen el PSOE y el PP, los cuales poseen demasiado poder institucional y también han tejido ciertas redes clientelares que se mantienen a día de hoy. Es destacable que VOX rechazara esta táctica y sean los únicos que han mejorado. De hecho, este partido ha aumentado su poder institucional, puesto que, y esto es importante, al alcanzar los 50 diputados va a poder presentar recursos de inconstitucionalidad, algo que podría hacer con la Ley de Violencia de Género, ya que la ha criticado en numerosas ocasiones. Además, podrá tener su correspondiente cuota cuando se renueve el Tribunal Constitucional o el CGPJ.

En definitiva, en lo concerniente a la formación de gobierno, los cambios mencionados solo han afectado a las distintas formaciones, pero no a los dos bloques en liza. Dichos bloques se mantienen casi iguales. Así pues, el bloque de la izquierda (PSOE, UP y Más País) cuenta con 158 escaños, perdiendo 7; mientras que el de la derecha (PP, VOX y Cs) ganó unos 3, por lo que ahora tiene 150. Los cambios son mínimos, aunque en este caso la derecha no tiene ninguna posibilidad de alcanzar acuerdo alguno, por ejemplo, con ERC y Junts per Catalunya, mientras que el bloque de la izquierda podría llegar a conseguir algo. La mayoría absoluta que se exige en una primera votación parece inalcanzable para ambos bloques, pero la mayoría simple (más votos a favor que en contra) que se pide 48 horas después, sí puede lograrse porque aquí las abstenciones tienen un valor muy alto. En cualquier caso, estas posibilidades también estaban sobre la mesa tras las elecciones de abril, pero los partidos hicieron prevalecer sus intereses sobre los generales. Algo que a estas alturas no debería sorprendernos.

  
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Los pactos de las legislativas 2015: ¿razón de Estado o de partidos?

Han pasado unos cuantos días desde las particulares elecciones del domingo. El inaudito reparto de escaños de estos comicios ha propiciado que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se sepa qué partido va a encabezar el ejecutivo. Esta incógnita está siendo analizada desde varios puntos de vista, sin embargo este artículo va a centrarse principalmente en dos aspectos. El primero podría considerarse la causa, y tiene que ver con una carencia del propio sistema, como es que en España no existen elecciones ejecutivas. Así pues, dejamos a la discrecionalidad de los partidos la conformación de gobierno. Por otra parte, la consecuencia de este hecho es que, llegado ese momento, los partidos anteponen su lógica de funcionamiento a la del interés general, que por otra parte es muy difícil de descifrar con unas simples elecciones.
 
En lo que concierne a la ausencia de elecciones ejecutivas en España, ¿qué problemas plantea? Además de la elemental merma relacionada con la división de poderes entre ejecutivo y legislativo, este método de designación usurpa a la ciudadanía la capacidad de elegir directamente a su propio gobierno. Puesto que, éste es elegido por las formaciones políticas que más votos consiguieron en las legislativas. Por tanto, este inconveniente que, también rebaja la calidad de cualquier sistema representativo, dificulta a su vez la formación de gobiernos en casos como el que nos ocupa. Hasta el momento, el sistema electoral (basado en la combinación de circunscripciones provinciales y la fórmula D´Hondt) era el freno que evitaba parlamentos muy fragmentados. No obstante, y pese que este sistema ha seguido beneficiando a las dos formaciones más votadas, ha sido resquebrajado por Podemos y Ciudadanos.
 
De esta manera, se ha llegado a un escenario excepcional, en el que los partidos se encuentran desubicados, sencillamente porque no han tenido antes que buscar pactos a estos niveles. Ante esta tesitura los partidos políticos se presentan como los grandes intérpretes de la voluntad popular, la cual conocen por lo que “dicen” las urnas. Las distintas élites políticas han sabido moverse con mucha habilidad en terrenos metafóricos como este y, curiosamente, siempre han concluido que la voluntad de la ciudadanía coincide con la suya. En este sentido, el momento actual no es ninguna excepción, ya que puede observarse como cada partido afirma defender esa “voluntad popular”, aunque lo que hacen realmente son sus propios cálculos electorales.

Por consiguiente, unos nuevos comicios podrían perjudicar al Partido Popular (porque no habrían conseguido ningún acuerdo) y a Ciudadanos (a quién la campaña se le ha hecho especialmente larga). Entretanto, el PSOE se encuentra en una difícil encrucijada, dado que o permite (activa o pasivamente) un gobierno del Partido Popular, o acepta las peticiones de un Podemos, a quien ahora no le urge pactar, porque es la formación a la que, teniendo en cuenta su tendencia actual, más le beneficiaría unas nuevas elecciones. Por esas razones, los partidos buscarán rentabilizar las singulares condiciones que presenta este nuevo escenario. Unos y otros defenderán esa “voluntad popular” o criterios de estabilidad, afirmando incluso anteponer el Estado a sus partidos. Entonces, ¿existe realmente una razón de Estado detrás de todo esto? Este concepto fue definido por Botero, como los <<medios aptos para fundar, conservar y ampliar un dominio>>. Ahora bien, en el contexto actual, ¿qué dominio interesa conservar y ampliar?, ¿el del Estado o el de los partidos?

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La reforma del Constitucional: ¡Todo el poder a los partidos!

El sistema político español adolece de numerosas carencias. Entre ellas, una preocupa especialmente, y no se trata de ninguna cuestión metafísica, sino de algo perfectamente palpable, como es la necesidad de que la división de poderes sea efectiva. En este sentido, España presenta principalmente dos problemas. El primero es que el poder se encuentra muy poco repartido, ya que el ejecutivo y el legislativo nacen de un mismo proceso (elecciones legislativas). Pero, esto se agrava porque la designación de los miembros de los tres máximos órganos del poder judicial depende de los poderes anteriormente mencionados. El segundo inconveniente surge cuando se observa que ese poder, tan poco repartido, reside casi exclusivamente en los partidos políticos. Este hecho es fácilmente comprobable, puesto que las cúpulas de estas organizaciones son las que dictaminan (a través de la llamada disciplina de voto) lo que deben votar sus representantes en las Cortes.

Después de esta breve y posiblemente elemental introducción, creo que es posible abordar mejor la cuestión de la reforma del Tribunal Constitucional, que el Partido Popular, ha conseguido aprobar este miércoles 16 de Septiembre, en el pleno del Congreso. La reforma plantea, a través de una modificación de ciertos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, añadir nuevas competencias para este tribunal en caso de que se incumplan sus sentencias. Estas nuevas atribuciones incluyen desde simples sanciones, hasta la suspensión de autoridades y cargos públicos. La naturaleza de estas nuevas competencias, ha implicado que, en un primer momento, se incidiera en la evidente intención cortoplacista de cubrirse las espaldas, en el caso de una posible declaración de independencia de Cataluña. Sin embargo, un análisis completo debe intentar encontrar otros aspectos.

Por consiguiente, ¿qué más puede suponer esta reforma? Hasta el momento, la normativa vigente establecía solo la obligatoriedad de los poderes públicos para con lo que resuelva este tribunal. No obstante, ahora este órgano podrá apartar de sus cargos públicos a quien considere que vulnere sus disposiciones. Esta herramienta puede llegar a ser muy valiosa para ciertos partidos. ¿Por qué? Porque la composición del Tribunal Constitucional, es en esencia un reflejo de la cuota de poder parlamentaria, lo que supone que en cada momento uno o varios partidos cuentan con una representación mayoritaria en este órgano. Consecuentemente, si esto se relaciona con lo señalado en el primer párrafo, y se consideran la forma en la que esta nueva atribución refuerza el poder partidista, podría ser que facilitara la expulsión de cualquier posible disidencia.

Asimismo, como era hasta cierto punto previsible, las críticas que ha recibido esta reforma en el Parlamento, han sido en su mayoría superficiales, aludiendo únicamente al conflicto en Cataluña. En este sentido, los partidos con representación parlamentaria (aunque ocurriría igual con aquellos que la deseen) no han buscado cuestionar el modo en el que se designan los miembros del Tribunal Constitucional, ya que los partidos aceptan estas reglas e intentan conseguir su delegado en el Constitucional, porque ello refuerza su propio poder. Sin embargo, parece ser que la raíz del problema, lo que hace que esta reforma pueda ser peligrosa, tampoco preocupó demasiado en el debate parlamentario. Me refiero, a esa nula división de poderes del sistema político español. Tanto es así, que si el Tribunal Constitucional fuera un órgano autónomo e independiente, esta reforma podría, y subrayo el “podría”, ser al menos una propuesta interesante. Pero, mientras el régimen español sea tan marcadamente partitocrático, dicha reforma solo conseguirá aumentar el, ya de por sí amplio, margen de maniobra de los partidos.

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Partidos y campañas electorales

Durante mucho tiempo se ha afirmado que las demandas del 15M, solo podrían llevarse a la práctica cuando éste se convirtiera en partido político. Un planteamiento que, a juzgar por el funcionamiento del régimen actual, se presentaba técnicamente inapelable. Sin embargo, paradójicamente algunas de las propuestas de este movimiento quizá sean incompatibles con el entramado político actual. El 15M nació bajo el descontento de la sociedad civil, así que pretender trasladarlo a la órbita institucional podría implicar que perdiera, al menos, parte de su esencia.

Por el contrario, la propia idiosincrasia de cualquier partido político lo vincula con el poder institucional. Es más, ¿qué distingue a un partido político de otras organizaciones? Principalmente, que éste aspira al poder. De hecho, históricamente los partidos políticos han estado siempre ligados al ejercicio del mismo, tal y como sucedía con los “simples” partidos de notables o los grandes partidos de masas. Hoy en día, lógicamente siguen estándolo, pero las circunstancias los han convertido además en auténticas maquinarias electorales. Así pues, en nuestros sistemas, para lograr el poder, antes deben estudiarse y conocerse los entresijos de estas organizaciones.

Asimismo, el engranaje electoral de los partidos nunca deja de funcionar, aunque alcance su punto álgido durante las campañas electorales. En este sentido, hay una tipología que sirve para explicar las particularidades de estos procesos: el partido catch – all (o “atrapalotodo”). Los partidos actuales son de este tipo, lo que significa que su target electoral (el público al que se dirigen) es bastante amplio. Para ello, estas organizaciones elaboran continuamente un paquete de ideas políticas que son públicamente ofrecidas durante la campaña. La finalidad es suscitar la adhesión de los votantes para su proyecto político. Este paquete de ideas es, en realidad, la ideología del partido. Entonces, ante esta tesitura cabría preguntarse si las personas tienen ideología y los partidos la recogen, o los votantes acaban asumiendo los planteamientos que presentan los partidos.

En definitiva, esta ideología no deja de ser el vehículo que usan los partidos para conseguir la identificación de los electores con su proyecto político. Sin ésta desaparecería ese vínculo. Ahora bien, la ideología puede articularse de varias maneras. Ya hemos visto que, nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos, apuestan por una estrategia de ideología más transversal, la cual modifica los parámetros clásicos sobre los que se sustentaba la ideología en partidos tradicionales como PP y PSOE, que aunque moderada en varios aspectos sí construye un “todo” reconocible. Por tanto, lo que hacen Ciudadanos y Podemos, es presentar el paquete de ideas, sin que éstas guarden entre sí la misma relación que antes era habitual.

No obstante, las campañas electorales de todos los partidos sí tienen una base común: son diseñadas con la intención de potenciar la faceta individualista del electorado. Así pues, las promesas electorales, aunque no se reconozca explícitamente, se dirigen a colectivos determinados que solo las votarán si entienden que van a mejorar sus condiciones de vida. No se vota atendiendo a ningún criterio de comunidad, ya que éste ha sido desmantelado. Frente a esto, se puede argüir, que la sociedad es muy dispar y por ello cualquier medida es imposible que satisfaga a todos por igual. Esa premisa, evidentemente, es cierta. Pero, ese individualismo y la ausencia de espacios de deliberación en la sociedad, para debatir sobre política, es lo que impide discernir la posibilidad del bien común. En consecuencia, esas facciones que son los partidos políticos, aprovechando la heterogénea coyuntura social, indican a ese llamado “pueblo”, las medidas por las que debe votar. En vez de eso, sería interesante que la comunidad misma diera con esas medidas.

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Las primarias abiertas del PSOE. ¿Útiles para qué?

Los aparatos partidistas son, por lo general, reacios a regalar su cuota de poder. Llevan tiempo siendo los auténticos protagonistas de este sistema político; nombran candidatos, dirigen los procedimientos electorales, deciden en las votaciones parlamentarias y eligen los jueces para los tribunales superiores. Ante esta tesitura, es comprensible que cualquier movimiento, de aparente apertura hacia la sociedad, sea analizado, al menos, con cierta cautela.

En cualquier caso, ¿es positivo que el PSOE haya decidido celebrar primarias abiertas? En principio sí, aunque un análisis riguroso nos exige profundizar más. Primero de todo, ¿en qué consiste este proceso? Sencillamente en que algunos candidatos del PSOE, podrán ser elegidos no solo por sus afiliados, sino también por aquellas personas, mayores de 16 años, que decidan participar. Ahora bien, siempre y cuando firmen un compromiso con los valores progresistas y realicen una “aportación simbólica” de 2 euros.

Esta estrategia de marketing político está siendo alabada por la mayoría de miembros del PSOE, pero ¿qué beneficios aporta? Con esto no quiero decir que no sea gratificante para los simpatizantes del PSOE poder escoger su candidato. Sin embargo, se está vendiendo como algo casi vanguardista, lo que inevitablemente genera unas altas expectativas. ¿Qué cambios pueden haber? ¿El poder del PSOE como partido va a verse mermado? En realidad no, aunque también es posible que sus simpatizantes no deseen tal cosa, por lo que reformularé la pregunta: ¿este gesto puede contribuir a empoderar a la ciudadanía? Ahí está la clave.

Para responder a esa pregunta, es necesario observar ciertas características que dotan a los partidos de un poder quizás excesivo. Uno de estos mecanismos es la consabida disciplina de voto que cada partido impone a sus diputados. Un hecho que limita algo muy importante: el debate en el Parlamento. Si cada grupo político tiene decidido su voto antes de cada sesión, ¿para qué sirve el debate? Sin él es complicado encontrar la mejor solución a algún problema. Entonces, ¿cuál es el criterio por el que se rigen?, ¿los distintos grupos adoptan sus decisiones teniendo en mente a la ciudadanía o a los intereses de su partido? Entiéndase que estas críticas no se dirigen solo hacia el PSOE.

Esta disciplina de voto se mantiene, aparte de por las sanciones, principalmente por el temor que suscita no repetir en las próximas elecciones. Las cúpulas partidistas, cuya influencia en la confección de las listas electorales es innegable, suelen decidir qué debe votar el grupo político en cuestión. La correlación de estos elementos supone un inconveniente, ya que los partidos internamente realizan las listas de las personas que concurren a las elecciones, pero después de éstas ese acto privado adquiere repercusiones públicas. ¿Y por qué esto es un inconveniente? Porque estas personas, aunque refrendadas por la ciudadanía, deben el puesto a su partido. Además, nada ata a los teóricos representantes políticos con sus teóricos representados, puesto que la propia Constitución, en su artículo 67, prohíbe el mandato imperativo. Una prohibición que parece no impedir, al partido, ejercer otros mecanismos de control sobre sus diputados.

Por esas razones, para que una reforma sea verdaderamente transformadora, debería permitir a la gente elegir algo “más” que el candidato a la presidencia del Gobierno, ya que esto es poco menos que un avance simbólico. Si se pretende empoderar a la ciudadanía, deben acometerse reformas profundas. Por ejemplo, podría permitirse que los simpatizantes de un partido seleccionaran (entre los afiliados) a las personas que conformaran la lista de su circunscripción. De esta manera, sería la ciudadanía quien determinara si un diputado vuelve a entrar en lista. ¿Qué se ganaría con esto? La creación de un auténtico mecanismo de rendición de cuentas ante la gente y no ante el partido, con todo lo que eso supone. Hay que considerar que en las elecciones solo se permite elegir sobre listas ya hechas.

Unas primarias como las que plantea el PSOE, no trastocarían en absoluto el escenario aquí descrito. Se trata, en esencia, de un acto publicitario que no sobrepasa el umbral de la apariencia. Pese a esta crítica, no pretendo sugerir que sea una mala iniciativa, de hecho, dada su relativa facilidad, debería ser una fórmula habitual en todos los partidos. No obstante, debe quedar patente que no es una idea transformadora, y que en nada acerca a la democracia. No lo hace porque el partido (una vez concluidas las elecciones) seguiría ejerciendo el mismo poder, sin variaciones, ya que este entramado no significa concesión material alguna, por parte del aparato partidista, hacia la ciudadanía.  

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El caso Bárcenas y la incapacidad de Rajoy

Fotomontaje hecho por @Arma_pollo

Con este artículo no pretendo analizar la trama de todo este sinsentido, pues de ello se está encargando la prensa. Solamente pretendo destacar y opinar sobre algunos aspectos que pueden haber pasado, en cierta medida, algo desadvertidos. A pesar de ello, es inevitable contextualizar un mínimo: el caso Bárcenas es el nuevo quebradero de cabeza del Partido Popular, en el cual hay que destacar dos tramas: la de los famosos sobresueldos que cobraban ciertos cargos del Partido Popular y la financiación ilegal del partido. ¡Es increíble!, como si los partidos, usando las leyes que ellos mismos han hecho, tuvieran problemas a la hora de financiarse.

Aunque las pruebas apuntan en una dirección, es cierto que incluso aquí se debe respetar el principio al que recurren hoy los políticos con tanto ímpetu: la presunción de inocencia. Salvo que exista sentencia en firme, y que ésta se asiente “más allá de toda duda razonable”, no podremos, todavía, llamar “chorizos” a los miembros del PP implicados en la trama. De todas maneras, el refranero popular no se suele equivocar, y cuando “el río suena…”. Aquí no se trata de que una persona pueda haberse apropiado indebidamente de cierta cantidad de dinero, lo que hay es toda una trama conformada, supuestamente, por un número nada desdeñable de personas. Asimismo, hay documentos, confesiones, indicios; así como antecedentes, y es que el caso Gürtel tiene su relación con todo este tinglado. Si se tienen en cuenta estos elementos, habrá quienes no esperan que la sentencia dirima la culpabilidad o inocencia de los sospechosos, sino que solamente aclare quienes exactamente “estaban en el ajo”.

Tras este golpe la credibilidad del Partido Popular ha sufrido un revés del que le va a costar recuperarse. El barómetro del CIS de enero del 2013, ha revelado que el PP ha sufrido, desde noviembre del 2011, una caída porcentual del 11,6%, respecto de la intención de voto. Y lo mejor de este informe es que aún no tuvo en cuenta las posibles influencias que el caso Bárcenas tendrá en el electorado. El PSOE no puede más que frotarse las manos a la espera de la debacle del PP, mientras reza que la ciudadanía olvide pronto los efectos de la segunda legislatura de Zapatero. Ahora el PP necesita un auténtico experto en oratoria para recuperar la confianza de los electores, el problema es que en estos momentos Rajoy es el presidente del partido.

Por tanto, Mariano se lanzó al ruedo para defender el honor del partido en una rueda de prensa, que curiosamente no permitió preguntas. Transparencia sí, debieron pensar en el PP, pero sin pasarse. Democracia también, pero que el control sobre los gobernantes, que la caracteriza, se haga en el Congreso, en donde tienen mayoría absoluta. Rajoy, quien es incapaz de hablar 1 minuto sin mirar “sus” papeles (de los cuáles a veces no entiende la letra), se limitó a afirmar categóricamente que aquella “sombra de un indicio manipulado” no debería ser suficiente para acusar al PP de nada. No creo que todas las pruebas que existen puedan minimizarse en esa figura retórica que, con tanto ingenio, trazaron los “negros” que escribieron el discurso a Rajoy. Sin embargo, cuando alguien camina por la calle y ve en el suelo que una sombra gigantesca se cierne sobre él, se apartará lo más rápidamente posible, pues ello significaría que algo está cayendo. Ya se verá si esto cae por su propio peso.

En cambio, lo más irritante de su comparecencia, fue cuando, en un gesto de aparente generosidad sin fin, Rajoy anunció que haría pública su declaración de la renta, para demostrar que no tiene nada que ver con los pagos en negro. Esto ha sido muy criticado por Internet, y es que es un auténtico insulto a la inteligencia del pueblo. ¿Qué pretendía el presidente? Yo no conozco a nadie que meta el dinero negro en sus declaraciones de la renta. Esto es peligroso, porque si lo ha dicho es que tenía esperanzas de que funcionara, así que o a Rajoy le falta astucia (por decirlo finamente) o el presidente piensa que el pueblo es sencillamente idiota.

Por último, y a pesar de todo esto, es posible apostar (poco) que Rajoy no se llevó nada. Al gallego no se le conoce por problemas de dinero, y es que cuando se metió en política dejó su Registro de la Propiedad, en Alicante, bien atado para que siguiera dando frutos. Es cierto que siendo presidente del Gobierno aseguró que ya no obtenía ingresos por parte de ese negocio, pero evidentemente en estos momentos poca falta le hace. En cambio, sí le achaco que tiene la responsabilidad de velar por la integridad de su partido, y eso parece ser que no lo ha conseguido. Entonces, ¿cómo aspira a gobernar un país? Porque es posible que los sobres hayan pasado por delante de él y que no haya hecho nada, lo cual está mal; pero es que también es posible que ni siquiera los haya visto pasar, lo que es todavía peor.

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La corrupción endémica española

Mapa de corrupción política (por partidos)

La corrupción es atractiva y nace cuando no encuentra impedimentos contundentes. Y aparece, precisamente, porque las buenas intenciones no bastan. ¿Por qué fue habitual la corrupción en la América Latina de los años 80?, ¿cuáles son los motivos para que ésta sea tan alta en algunos países africanos? La respuesta, a ambas preguntas, considerando que median más factores de ámbito regional, reside en la total debilidad de los mecanismos que en esos Estados deben atajar la corrupción. En España, obviamente, ocurre algo parecido.

En el campo de la corrupción política las soluciones no deben ser exclusivamente judiciales o penales, ya que éstas se mueven en un ámbito de actuación a posteriori, cuando lo más adecuado es actuar a priori. Entonces, a tenor de lo planteado, ya es posible plantear qué es lo que falla en España. Es cierto que en este país mediterráneo predomina la cultura de la picaresca y ésta juega su papel, pero no se deben buscar las causas principales de la corrupción en factores culturales. Para entender el alcance de este fenómeno en España, se debe estudiar sobre todo el diseño institucional del Estado.

En la clasificación que ideó David Eatson, el sistema político español se considera un sistema de retroalimentación. Esto quiere decir que las demandas son trasladadas de la sociedad al sistema mediante el proceso correspondiente, para que a continuación el sistema pueda articular las respuestas oportunas. Pero, tal y como nos recuerda García – Trevijano, esto solo funciona si el sistema ofrece varias alternativas reales de poder. No obstante, en España, las opciones se reducen, en la práctica, a dos partidos, por lo que si la corrupción ya habita en estas formaciones ésta no va sino a aumentar.

Por otra parte, el régimen político español potencia, casi de manera enfermiza, la representación política, marginando así los mecanismos de participación popular. De hecho, las únicas fórmulas que cuentan con la ciudadanía son el referéndum (normalmente no vinculante y teniendo vetadas las materias reservadas a ley orgánica) y la famosa ILP (Iniciativa Legislativa Popular). Este aspecto favorece la corrupción política en un doble sentido. En primer lugar, este sistema parece diseñado para desvincular la política de la gente, lo eso genera unos altos niveles de apatía política en la ciudadanía, de modo que ésta relaja su vigilancia sobre la élite gobernante.

El segundo problema, del aspecto anteriormente citado, radica en que la ciudadanía no puede ejercer de contrapeso. La consecuencia de eso es que la única oportunidad para “juzgar” a los políticos se reduce al procedimiento electoral, el cual no cumple adecuadamente la función de control debido a la falta de alternativas antes mencionada. En vez de eso, si el presidente del Gobierno, a mitad de su mandato, se pudiera someter a un referéndum revocatorio, éste daría cuenta exacta de la opinión de la ciudadanía en torno a su gestión, porque no entrarían en liza, al menos no directamente, cuestiones correspondientes a otros partidos. Sin embargo, esto no es posible hacerlo en España porque, entre otras razones, no se utiliza la figura del mandato sino la representación política pura y dura.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es el monopolio de poder que ejercen los partidos políticos. Más allá de lo abiertamente conocido, no hay que olvidar que estas organizaciones tienen consejeros en las cajas de ahorro y delegados (creo ser preciso al llamarlos así) en órganos judiciales. Eso les dota de una capacidad enorme de influir en prácticamente todas las parcelas del Estado, lo que les convierte en un blanco muy suculento para que las empresas intenten corromper a sus miembros. Asimismo, tampoco hay que olvidar las cantidades de dinero público que manejan algunas personas que, sin ocupar ningún cargo público, pertenecen a estos partidos. Demasiadas tentaciones y pocos frenos.

Todo ello ha configurado un escenario en el que los políticos no se han visto obligados a dimitir, y su moral tampoco les ha sugerido esa opción. Se ha conformado, por tanto, una dinámica en la que los políticos españoles se niegan a dimitir y el pueblo no puede exigírselo. En cambio, hay países en los que esta dinámica es distinta, como por ejemplo Alemania, en donde Gerhard Stoltenberg, que era ministro de defensa, dimitió en su día porque su gobierno vendió armas a Turquía y éstas fueron empleadas para masacrar a los kurdos. Esto era algo que Stoltenberg no podía prever, pero su ética política (quiero pensar) le indicó que debía abandonar su cargo. Esto en España es, sencillamente, impensable.

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La movilización cultural frente a la ideología

Es una prioridad de los partidos el movilizar al mayor número de ciudadanos en torno a estas organizaciones políticas. Para ello, sus aparatos mediáticos se devanan los sesos buscando la mejor manera de llegar a la gente. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que la ideología tiene un anclaje complicado en la sociedad, precisamente porque es un concepto teórico, de vasto contenido, que a veces cuesta de asimilar.

Puede ser ese uno de los motivos por los que la presencia de la ideología haya perdido fuelle en el panorama político occidental. No creo que esta afirmación pueda si quiera cuestionarse. ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra “marxismo” en televisión últimamente? ¿Recientemente se ha hecho referencia al sentido clásico del liberalismo? Más allá del hecho anecdótico de que a los conservadores les guste denominarse así. Locke, Lenin, Montesquieu, Rousseau, Platón, Mao, por poner solo unos ejemplos, son nombres desconocidos en la actualidad.

La ideología se articula sobre cuatro puntos de apoyo que se conocen como cleavages. El primero de ellos es el de izquierda – derecha que es el conocido como cleavage de clase, en el cual se distinguen dos vertientes; una económica y otra social. Los demás son: el de nacionalismo central – nacionalismos periféricos; Iglesia – Estado (laicismo) y; por último, mundo rural (campos) – mundo urbano (ciudad). Quizás, articular un discurso coherente sobre esto, que cale en el imaginario colectivo, y pueda movilizar al pueblo, sea costoso para los políticos de hoy en día. No tanto, para los de antes.

Lo anteriormente citado pudo ser clave para que los partidos políticos apostaran por una movilización cultural. Pero, además este es un terreno al que los partidos conservadores (de derechas) se han adaptado perfectamente. Para entender esto solo hay que pensar de qué manera podría, el típico partido de derechas extremadamente conservador, articular un discurso de marcado carácter ideológico que pudiera satisfacer a un amplio sector de trabajadores asalariados. Todo ello sin recurrir a adornos, ni metáforas; es decir de una manera clara y concisa. Si tuvieran que hacerlo estarían, sencillamente, perdidos. Antaño, los partidos de esta índole contaban con la ventaja de un sufragio censitario que, impidiendo el voto a aquellos que no llegaban a cierto nivel de renta, les posibilitaba gobernar.

Evidentemente, esto afecta de manera diametralmente opuesta a los partidos de izquierdas. A éstos les cuesta moverse en un terreno cada vez más desideologizado, puesto que la conexión con su base electoral descansa sobre sustentos ideológicos. Pero, hay que tener en cuenta que hoy la base electoral de los partidos de izquierda se ha desplazado hacia partidos más conservadores debido, al menos en una parte considerable, a esta movilización cultural de la que hacen gala con mayor eficacia estos partidos conservadores.

Esta movilización cultural se construye sobre unos elementos sociales con fuertes implicaciones políticas. Estos elementos deberíamos buscarlos en las culturas políticas que podían hallarse presentes en cada país. Una vez identificados, los partidos tratarán de promocionarlos o apropiárselos, pero será vital que dichos elementos sean relacionados con esos partidos. Hay muchos elementos que pueden conformar las culturas políticas: tradiciones, festividades, deportes, música, etc.

En la actualidad cobra una especial importancia, todo lo relativo a los llamados derechos de autor. Esto es un asunto cultural que puede tener implicaciones políticas. En España, el PSOE puede perder votos por la promulgación de la, conocida como, ley Sinde. Además, no hay que olvidar la connivencia del PSOE con la SGAE, lo que ha generado un ambiente tenso en la red.

En otro orden de cosas, la apuesta del PP por las corridas de toros le asegura un buen reguero de votos provenientes de los seguidores de este acontecimiento. De la misma manera, si un partido político si posicionara claramente en contra del fútbol equivaldría a un harakiri político. Tampoco es baladí el hecho de que un partido político apueste especialmente por promocionar ciertas fiestas populares como puedan ser las fallas. Este último punto es manejado por el PP con una maestría envidiable, lo que tampoco conviene desestimarlo en sus mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana.

En el campo de la música, es posible que los seguidores de algunos estilos musicales vieran con buenos ojos ciertos guiños de partidos políticos hacia la música que escuchan. De la misma manera, los usuarios de los videojuegos agradecerían, pienso yo, que un partido político comprendiera esta manera de ocio, y que impulsara esta forma de entretenimiento. A veces, la apatía política nace de la falta de identificación del ciudadano medio con los valores de la política del momento, lo cual podría enmendarse si los políticos bucearan más en los valores culturales de su país.

Es cierto, que en ocasiones en estos valores podrían encontrarse matices ideológicos, pero no es su razón de ser. La importancia de la cultura política reside en que permite explicar ciertos comportamientos políticos que la dinámica ideológica por si misma no alcanzaría a comprender. Marx, argüía que la ideología se encontraba relacionada con la posición que los sujetos ocupaban en las relaciones de producción. Tal vez debiera ser así, pero desde esta óptica, en cierta medida determinista, no podría explicarse que los partidos comunistas no gobiernen en todos los Estados del planeta, puesto que la clase de asalariados es mayoritaria. Probablemente esa cuestión podría dar pie, no a otro artículo sino a un libro entero. Pero, en cualquier caso no se debe subestimar el papel de la cultura política en la comprensión de estos aspectos.

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