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| El Roto, 30 de abril de 2013 |
En España, la cuestión del aborto lleva tiempo llenando las páginas de los periódicos. La razón es que el Gobierno del Partido Popular, a través de su ministro Gallardón, pretende sustituir la actual ley de plazos aprobada en 2010, por otra de supuestos. En una ley de plazos se puede abortar libremente hasta un momento determinado (en el caso de la ley española eran 14 semanas); en cambio, una ley de supuestos, como la que había antes, solo permite abortar en circunstancias específicas, como por ejemplo en casos de violación o peligro para la madre o el feto.
El escenario que nos plantea esta reforma implica un paso atrás, puesto que se menoscaba un derecho ya consolidado como el del aborto libre. Asimismo, volver a una ley de supuestos siempre es restrictivo, ya que será el Estado quien decida en qué casos la mujer puede decidir practicar un aborto. Un hecho que choca frontalmente con la autonomía individual, pues la persona, en este caso la mujer, ve limitada la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Al hilo de este razonamiento es interesante plantear el siguiente dilema: ¿acaso el cuerpo de una persona no pertenece a ella misma?
El Gobierno justifica su reforma arguyendo que pretende reducir el número de abortos. ¿Eso es lo que se conseguiría o, por el contrario, aumentarían los abortos clandestinos? Esta pregunta tiene sentido, porque Holanda, donde el aborto es legal, cuenta con una de las tasas de abortos más bajas. En este logro tiene mucho que ver el correcto uso de los anticonceptivos. Por tanto, si el Gobierno relaciona aborto libre con un mayor número de abortos está incurriendo en una falacia. El aborto debe ser un recurso que debe poder emplearse en libertad, así como con sensatez, porque es una experiencia sumamente traumática para la mujer. Sin embargo, en este caso, la solución no es limitarlo, sino establecer políticas de educación sexual como las que pueden haber seguido en Holanda.
Es un debate complicado, ya que el aborto, parece ser, para la mayoría de las personas, una cuestión moral. Pero, ¿de dónde provienen esas normas o indicaciones morales? Como sabemos, la religión es una importante fuente de valores de este tipo, y además sirve de inspiración para el ideario conservador. Por ese motivo, y puesto que son los partidos de corte conservador quienes plantean restringir el aborto, debemos buscar en la religión las razones que los llevan a actuar de esta manera.
Para la religión, la unidad fundamental es la familia[1], a ella va dirigida la casi totalidad de su discurso, y si ésta peligra también lo hará su propia supervivencia. Por esa razón, el credo católico combate el aborto y la homosexualidad, porque ambos elementos ponen en jaque la denominada familia tradicional. Es una cuestión de poder. La Iglesia, no olvidemos que construida y manejada por varones, reserva a la mujer un papel secundario. A su vez, eleva la función reproductiva de la mujer a elemento protagonista para la construcción del género femenino; es decir, la mujer es concebida como medio para dar a luz a nuevos fieles, pero también como alguien que va a transmitir estos mismos valores a sus hijos.
En todo este planteamiento, la Iglesia observa una doble amenaza en el aborto. En primer lugar, es un instrumento que permite a la mujer manifestar el control sobre su propio cuerpo. Este hecho viene a indicar que, de alguna forma, el cuerpo de los mortales ya no pertenece a Dios, sino a cada persona. Esto pone fin a la idea de que nuestro cuerpo es el “Templo de Dios”. Por otra parte, el control de natalidad, tan importante para el mantenimiento de las estructuras de poder, pasa a formar parte de la autonomía de cada persona, para que sea ella misma quien decida. Esto significa que el Estado, y la Iglesia como poder fáctico, deben renunciar a sus influencias en esta parcela. Por esa razón, se generan resistencias cuando hay en juego cambios de este tipo. Debido a ello, se comprende como en cada actuación subyacen poderosas razones que buscan preservar el orden establecido.
El escenario que nos plantea esta reforma implica un paso atrás, puesto que se menoscaba un derecho ya consolidado como el del aborto libre. Asimismo, volver a una ley de supuestos siempre es restrictivo, ya que será el Estado quien decida en qué casos la mujer puede decidir practicar un aborto. Un hecho que choca frontalmente con la autonomía individual, pues la persona, en este caso la mujer, ve limitada la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Al hilo de este razonamiento es interesante plantear el siguiente dilema: ¿acaso el cuerpo de una persona no pertenece a ella misma?
El Gobierno justifica su reforma arguyendo que pretende reducir el número de abortos. ¿Eso es lo que se conseguiría o, por el contrario, aumentarían los abortos clandestinos? Esta pregunta tiene sentido, porque Holanda, donde el aborto es legal, cuenta con una de las tasas de abortos más bajas. En este logro tiene mucho que ver el correcto uso de los anticonceptivos. Por tanto, si el Gobierno relaciona aborto libre con un mayor número de abortos está incurriendo en una falacia. El aborto debe ser un recurso que debe poder emplearse en libertad, así como con sensatez, porque es una experiencia sumamente traumática para la mujer. Sin embargo, en este caso, la solución no es limitarlo, sino establecer políticas de educación sexual como las que pueden haber seguido en Holanda.
Es un debate complicado, ya que el aborto, parece ser, para la mayoría de las personas, una cuestión moral. Pero, ¿de dónde provienen esas normas o indicaciones morales? Como sabemos, la religión es una importante fuente de valores de este tipo, y además sirve de inspiración para el ideario conservador. Por ese motivo, y puesto que son los partidos de corte conservador quienes plantean restringir el aborto, debemos buscar en la religión las razones que los llevan a actuar de esta manera.
Para la religión, la unidad fundamental es la familia[1], a ella va dirigida la casi totalidad de su discurso, y si ésta peligra también lo hará su propia supervivencia. Por esa razón, el credo católico combate el aborto y la homosexualidad, porque ambos elementos ponen en jaque la denominada familia tradicional. Es una cuestión de poder. La Iglesia, no olvidemos que construida y manejada por varones, reserva a la mujer un papel secundario. A su vez, eleva la función reproductiva de la mujer a elemento protagonista para la construcción del género femenino; es decir, la mujer es concebida como medio para dar a luz a nuevos fieles, pero también como alguien que va a transmitir estos mismos valores a sus hijos.
En todo este planteamiento, la Iglesia observa una doble amenaza en el aborto. En primer lugar, es un instrumento que permite a la mujer manifestar el control sobre su propio cuerpo. Este hecho viene a indicar que, de alguna forma, el cuerpo de los mortales ya no pertenece a Dios, sino a cada persona. Esto pone fin a la idea de que nuestro cuerpo es el “Templo de Dios”. Por otra parte, el control de natalidad, tan importante para el mantenimiento de las estructuras de poder, pasa a formar parte de la autonomía de cada persona, para que sea ella misma quien decida. Esto significa que el Estado, y la Iglesia como poder fáctico, deben renunciar a sus influencias en esta parcela. Por esa razón, se generan resistencias cuando hay en juego cambios de este tipo. Debido a ello, se comprende como en cada actuación subyacen poderosas razones que buscan preservar el orden establecido.
[1] Basta con ver las numerosas manifestaciones
que convocan en defensa de la familia (tradicional).
