Han pasado 34 años desde que esta llamada “Constitución española” fue aprobada en referéndum. En esta ocasión tampoco se ha descuidado la liturgia estatal y la Constitución, como pieza fundamental de nuestro sistema político, ha recibido su habitual homenaje. Sin embargo, dada la situación actual, es posible que muchas personas se pregunten si estos honores son merecidos. Frente al dilema en cuestión, los organizadores de estos homenajes responderán inmediatamente que sí, pero ¿por qué motivos? Porque quienes ejercen el poder deben promocionar, a la vez que salvaguardar, los instrumentos que les permiten gozar de este privilegio. No obstante, existen deficiencias democráticas en el sistema, que pueden entenderse mejor a través de un breve análisis histórico - político sobre la Carta Magna.
En primer lugar es recomendable, para cualquier régimen que aspire a ser democrático, que las cosas se hagan bien desde el principio, lo cual exige transparencia por un lado, e implicación popular por el otro. En cambio, el proceso constitucional español apartó brillantemente estos dos elementos para optar por la fórmula del consenso entre élites. Dicho proceso tuvo como protagonistas a unos partidos políticos, que aún guardaban estructuras clandestinas, lo que les impidió tener una organización mínimamente democrática. De esta manera, casi en solitario los jefes de los partidos pactaron, en un secretismo que ni la más enfermiza Razón de Estado podría justificar, las condiciones que debía tener el régimen político que sustituiría al franquismo.
El proceso de transición se ha encargado de vendernos el consenso elitista como una virtud, pero en realidad éste es un principio característico de las oligarquías, no de las democracias. Ya que, las democracias deben construirse sobre la deliberación entre ciudadanos y representantes (si los hubiere). Por el contrario, la transición española optó por seguir el camino ya señalado del consenso entre élites, lo que no fue casual pues éstas tenían un objetivo claro: alcanzar el máximo poder que les permitiera la correlación de fuerzas del momento. Los conservadores abogaban por diseñar algo que no les hiciera perder demasiado peso político, mientras otros rogaban por las listas proporcionales. De esa manera, cada uno de ellos fue centrándose en proteger sus propios intereses, y no en dotar de coherencia al nuevo régimen. La consecuencia fue un sistema “gatopardista”.
En un último momento, la Constitución fue sometida a referéndum, probablemente porque era una formalidad inexcusable, pero no porque existiera un interés en la clase política del momento en someter la norma a consulta. En cualquier caso, el referendo se celebró, pero lo hizo en un clima de cierto miedo que bien pudiera haber sido deliberadamente promovido con la intención de que el pueblo diera su apoyo a la Carta Magna. La consigna parecía ser: ¡votad por la Constitución o ateneos al desastre! Por tanto, la Constitución no nació fruto de un proceso de deliberación social; ni tuvo las necesarias cortes constitucionales; ni tampoco un referéndum exento de cierta polémica.
De vuelta a la actualidad, una vez las élites políticas han sido sustituidas (por otras), es lógico que aparezcan entre ellas diferentes maneras de interpretar la Carta Magna, aunque no suelan existir cuestionamientos profundos, pues ella es el pilar fundamental del Estado en el cual ejercen su parcela de poder. Asimismo, cada vez surgen más desavenencias en la sociedad civil, pues ésta ratificó la Constitución bajo unas circunstancias determinadas y atendiendo a unas promesas concretas. Esas circunstancias (basadas en aquel miedo artificial) han desaparecido, por lo que la ciudadanía se puede sentir libre para exigir un modelo democrático auténtico. Por otra parte, los artículos de la Constitución con algo de contenido social son sistemáticamente incumplidos. La sociedad avanza más rápido que el Derecho, y es éste quien debe adaptarse a la sociedad, y no ésta al Derecho. El carácter sagrado de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, lo es para los políticos, en tanto en cuanto es instrumento de su poder. Al mismo tiempo, es cuestionable que la Constitución tenga una rigidez que esté por encima de la sociedad, pero es intolerable, como se pudo ver en el verano del 2011, que los mercados no estén por debajo de ella. ¿Quién manda aquí?
En primer lugar es recomendable, para cualquier régimen que aspire a ser democrático, que las cosas se hagan bien desde el principio, lo cual exige transparencia por un lado, e implicación popular por el otro. En cambio, el proceso constitucional español apartó brillantemente estos dos elementos para optar por la fórmula del consenso entre élites. Dicho proceso tuvo como protagonistas a unos partidos políticos, que aún guardaban estructuras clandestinas, lo que les impidió tener una organización mínimamente democrática. De esta manera, casi en solitario los jefes de los partidos pactaron, en un secretismo que ni la más enfermiza Razón de Estado podría justificar, las condiciones que debía tener el régimen político que sustituiría al franquismo.
El proceso de transición se ha encargado de vendernos el consenso elitista como una virtud, pero en realidad éste es un principio característico de las oligarquías, no de las democracias. Ya que, las democracias deben construirse sobre la deliberación entre ciudadanos y representantes (si los hubiere). Por el contrario, la transición española optó por seguir el camino ya señalado del consenso entre élites, lo que no fue casual pues éstas tenían un objetivo claro: alcanzar el máximo poder que les permitiera la correlación de fuerzas del momento. Los conservadores abogaban por diseñar algo que no les hiciera perder demasiado peso político, mientras otros rogaban por las listas proporcionales. De esa manera, cada uno de ellos fue centrándose en proteger sus propios intereses, y no en dotar de coherencia al nuevo régimen. La consecuencia fue un sistema “gatopardista”.
En un último momento, la Constitución fue sometida a referéndum, probablemente porque era una formalidad inexcusable, pero no porque existiera un interés en la clase política del momento en someter la norma a consulta. En cualquier caso, el referendo se celebró, pero lo hizo en un clima de cierto miedo que bien pudiera haber sido deliberadamente promovido con la intención de que el pueblo diera su apoyo a la Carta Magna. La consigna parecía ser: ¡votad por la Constitución o ateneos al desastre! Por tanto, la Constitución no nació fruto de un proceso de deliberación social; ni tuvo las necesarias cortes constitucionales; ni tampoco un referéndum exento de cierta polémica.
De vuelta a la actualidad, una vez las élites políticas han sido sustituidas (por otras), es lógico que aparezcan entre ellas diferentes maneras de interpretar la Carta Magna, aunque no suelan existir cuestionamientos profundos, pues ella es el pilar fundamental del Estado en el cual ejercen su parcela de poder. Asimismo, cada vez surgen más desavenencias en la sociedad civil, pues ésta ratificó la Constitución bajo unas circunstancias determinadas y atendiendo a unas promesas concretas. Esas circunstancias (basadas en aquel miedo artificial) han desaparecido, por lo que la ciudadanía se puede sentir libre para exigir un modelo democrático auténtico. Por otra parte, los artículos de la Constitución con algo de contenido social son sistemáticamente incumplidos. La sociedad avanza más rápido que el Derecho, y es éste quien debe adaptarse a la sociedad, y no ésta al Derecho. El carácter sagrado de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, lo es para los políticos, en tanto en cuanto es instrumento de su poder. Al mismo tiempo, es cuestionable que la Constitución tenga una rigidez que esté por encima de la sociedad, pero es intolerable, como se pudo ver en el verano del 2011, que los mercados no estén por debajo de ella. ¿Quién manda aquí?
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