Esta propuesta del Partido Popular, ha conseguido acaparar una grandísima atención. De hecho, si se llevase a cabo lo que aquí se está planteando, supondría cambiar radicalmente el sistema electoral municipal. Ahora bien, cuando se habla de que el candidato más votado automáticamente se convierta en alcalde, la primera alarma que salta es la que nos dice que es una estrategia del PP para no perder, en los próximos comicios, más alcaldías.
Por ese motivo, aunque pueda parecer evidente, es necesario comprobar si esas alarmas son ciertas. Pero, ¿cómo? Pues sometiendo a examen los principales argumentos sobre los que se apoya esta reforma. Los dos que más han sonado son los siguientes: 1. <<Regeneración democrática>>. 2. <<Debe gobernar la lista más votada>>. En primer lugar se aprecia un problema de conexión entre estos dos puntos, porque el segundo no tiene porque estar intrínsecamente ligado con la democracia. ¿Eso que implica? Que la defensa de ambos elementos debe hacerse por separado, como también un análisis de los mismos.
Para observar lo concerniente a la regeneración democrática, son necesarios ciertos indicadores, aunque por no extenderme demasiado lo reduciré a dos. El primero, debe medir si puede darse un aumento de la participación ciudadana, ya que en el mundo local, por su cercanía, tiene una importancia todavía mayor. ¿Y cómo puede medirse en este ámbito local? No es complicado. Se puede partir del súmmum, como son los presupuestos participativos de Porto Alegre, en los que se dedica una parte del dinero de los pueblos para que sea “gestionado” por la propia ciudadanía. Asimismo, tampoco conviene subestimar ejemplos como el de Marinaleda. Sin embargo, también sería posible articular asambleas municipales que deliberen y tengan mecanismos de aprobación en determinados temas que resulten más cercanos a la gente. No obstante, al menos a día de hoy, no se conoce en la reforma nada que apunte en esta dirección, puesto que parece centrarse únicamente en la elección directa de alcaldes.
El segundo de los indicadores, ya que nos movemos en términos de un régimen representativo, debería observar si esta reforma mejora la representatividad. En este sentido, es importante partir de que en España se apostó en su día por un sistema proporcional, entendiendo la representatividad como la transformación más fiel posible (al menos en teoría) de los votos emitidos a escaños, utilizando para eso la famosa Ley D´Hondt. En cambio, en países como Estados Unidos, cuya legislación electoral es mayoritaria, la representatividad no se entiende igual. Allí, el hecho de que cada distrito elija solamente a un congresista (el más votado), pretende generar un vínculo entre los ciudadanos de ese distrito y su congresista, el cual puede llevar los intereses de los ciudadanos de su circunscripción al Congreso.
¿Sería posible extrapolar ese sistema al caso español? No es que no lo sea, aunque no parece especialmente útil en el caso local, ya que el alcalde, si fuera elegido directamente (por mayoría), tampoco aspiraría a “defender” los intereses de sus “representados” (conciudadanos) en el propio Ayuntamiento. Eso solamente tendría sentido si los municipios “enviaran” sus alcaldes al Congreso de los Diputados. Por consiguiente, la tríada de representados – congresista – Congreso de la nación, que dota de coherencia la representatividad política estadounidense, carece de utilidad en nuestro ámbito local.
En cuanto al razonamiento de que gobierne la lista más votada, la reflexión es mucho más breve, ya que en última instancia se encuentra afectada por aspectos relativistas. Este hecho, se correspondería con ciertos criterios de justicia, por eso argüía que no tiene relación directa con la democracia. Es decir, algunas personas pueden considerar que la lista más votada sea la que deba gobernar, pero otros pueden pensar que es más justo que si determinadas formaciones suman más votos, son éstas quienes, si es posible, deban ponerse de acuerdo para gobernar. ¿Qué criterio es más justo? Ninguno per se lo es, y puesto que es tremendamente complicado alcanzar un acuerdo, parece innecesario introducir esta discordia en el escenario político.
En consecuencia, esta reforma recuerda más a aquel “premio a la mayoría” italiano, según el cual el grupo más votado recibía automáticamente la mayoría absoluta, que a un verdadero impulso por democratizar, o mejorar, el sistema político español.
Por ese motivo, aunque pueda parecer evidente, es necesario comprobar si esas alarmas son ciertas. Pero, ¿cómo? Pues sometiendo a examen los principales argumentos sobre los que se apoya esta reforma. Los dos que más han sonado son los siguientes: 1. <<Regeneración democrática>>. 2. <<Debe gobernar la lista más votada>>. En primer lugar se aprecia un problema de conexión entre estos dos puntos, porque el segundo no tiene porque estar intrínsecamente ligado con la democracia. ¿Eso que implica? Que la defensa de ambos elementos debe hacerse por separado, como también un análisis de los mismos.
Para observar lo concerniente a la regeneración democrática, son necesarios ciertos indicadores, aunque por no extenderme demasiado lo reduciré a dos. El primero, debe medir si puede darse un aumento de la participación ciudadana, ya que en el mundo local, por su cercanía, tiene una importancia todavía mayor. ¿Y cómo puede medirse en este ámbito local? No es complicado. Se puede partir del súmmum, como son los presupuestos participativos de Porto Alegre, en los que se dedica una parte del dinero de los pueblos para que sea “gestionado” por la propia ciudadanía. Asimismo, tampoco conviene subestimar ejemplos como el de Marinaleda. Sin embargo, también sería posible articular asambleas municipales que deliberen y tengan mecanismos de aprobación en determinados temas que resulten más cercanos a la gente. No obstante, al menos a día de hoy, no se conoce en la reforma nada que apunte en esta dirección, puesto que parece centrarse únicamente en la elección directa de alcaldes.
El segundo de los indicadores, ya que nos movemos en términos de un régimen representativo, debería observar si esta reforma mejora la representatividad. En este sentido, es importante partir de que en España se apostó en su día por un sistema proporcional, entendiendo la representatividad como la transformación más fiel posible (al menos en teoría) de los votos emitidos a escaños, utilizando para eso la famosa Ley D´Hondt. En cambio, en países como Estados Unidos, cuya legislación electoral es mayoritaria, la representatividad no se entiende igual. Allí, el hecho de que cada distrito elija solamente a un congresista (el más votado), pretende generar un vínculo entre los ciudadanos de ese distrito y su congresista, el cual puede llevar los intereses de los ciudadanos de su circunscripción al Congreso.
¿Sería posible extrapolar ese sistema al caso español? No es que no lo sea, aunque no parece especialmente útil en el caso local, ya que el alcalde, si fuera elegido directamente (por mayoría), tampoco aspiraría a “defender” los intereses de sus “representados” (conciudadanos) en el propio Ayuntamiento. Eso solamente tendría sentido si los municipios “enviaran” sus alcaldes al Congreso de los Diputados. Por consiguiente, la tríada de representados – congresista – Congreso de la nación, que dota de coherencia la representatividad política estadounidense, carece de utilidad en nuestro ámbito local.
En cuanto al razonamiento de que gobierne la lista más votada, la reflexión es mucho más breve, ya que en última instancia se encuentra afectada por aspectos relativistas. Este hecho, se correspondería con ciertos criterios de justicia, por eso argüía que no tiene relación directa con la democracia. Es decir, algunas personas pueden considerar que la lista más votada sea la que deba gobernar, pero otros pueden pensar que es más justo que si determinadas formaciones suman más votos, son éstas quienes, si es posible, deban ponerse de acuerdo para gobernar. ¿Qué criterio es más justo? Ninguno per se lo es, y puesto que es tremendamente complicado alcanzar un acuerdo, parece innecesario introducir esta discordia en el escenario político.
En consecuencia, esta reforma recuerda más a aquel “premio a la mayoría” italiano, según el cual el grupo más votado recibía automáticamente la mayoría absoluta, que a un verdadero impulso por democratizar, o mejorar, el sistema político español.
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