El error más común que suelen cometer los tertulianos es afirmar que solo las democracias occidentales se pueden considerar “Estados de derecho”. Pero, en realidad cualquier Estado es de derecho, porque absolutamente todos ellos se van a sustentar sobre leyes, es decir sobre un ordenamiento jurídico, el cual será protegido con los instrumentos que solo el derecho puede proporcionar. Éste es un orden coercitivo, el cual prevé un régimen sancionador en caso de que esas normas se incumplan. Es en ese momento cuando aparecerían las figuras jurídicas conocidas como delito o falta administrativa, y el cuerpo estatal para impedir su cometido es la policía.
Lo anteriormente expuesto sitúa a la policía en un enclave neutro, ya que mientras los jueces aplican la ley en sus sentencias y fallos, la policía debe encargarse de que ésta sea respetada. La existencia de unas leyes y normas de convivencia es el principio básico para que pueda sustentarse cualquier sociedad. El aspecto a observar recaerá sobre a quién favorece el ordenamiento jurídico - político de un país. Dicho orden servirá, en primer lugar, para salvaguardar la propia existencia del Estado. Pero, a su vez, también será usado para proteger el sistema socioeconómico del país.
Lo anteriormente expuesto sitúa a la policía en un enclave neutro, ya que mientras los jueces aplican la ley en sus sentencias y fallos, la policía debe encargarse de que ésta sea respetada. La existencia de unas leyes y normas de convivencia es el principio básico para que pueda sustentarse cualquier sociedad. El aspecto a observar recaerá sobre a quién favorece el ordenamiento jurídico - político de un país. Dicho orden servirá, en primer lugar, para salvaguardar la propia existencia del Estado. Pero, a su vez, también será usado para proteger el sistema socioeconómico del país.
Existe una relación entre derecho y economía que es relativamente sencilla de establecer. Para ello es suficiente con echar un vistazo a los apartados que los códigos penales de cada país tengan para los delitos socioeconómicos. El código penal español fija la friolera de 70 artículos para este título. Mientras que, el título que regula los delitos contra la libertad ocupa 9 artículos, y los dos títulos que tipifican el homicidio (y sus formas) y los delitos de lesiones suman 17. En este sentido, la prioridad del ordenamiento jurídico no deja lugar a dudas. Es cierto que se trata de una valoración meramente cuantitativa, pero la minuciosidad y el detalle con el que se tipifican los delitos socioeconómicos parece preocupar especialmente al legislador.
En los regímenes occidentales existe un sistema de libre mercado. Este sistema predica que los medios de producción sean de titularidad privada y que sus propietarios compitan en un mercado para lograr el máximo beneficio posible. Pero, un sistema de estas características no se sustenta solo sobre empresas, sino que, además, hacen falta un buen número de instituciones financieras que permitan una rápida fluctuación del llamado capital financiero.
Todo ese entramado será protegido por el Estado. Las propias leyes del mismo establecerán las condiciones de protección y las sanciones previstas, las cuales tendrán un efecto disuasorio. Pero si este esquema funciona es, indefectiblemente, por el uso de la fuerza, la cual se personifica, como no podía ser de otra manera, en la policía. Es obvio, que la policía investigará los asesinatos y los robos, porque si las leyes no tipificaran esas conductas como delito la ciudadanía pronto comenzaría a aplicar sin mesura su propia Ley del Talión, lo que acabaría haciendo cundir la anarquía. En realidad, todo hecho que el código tipifica como delito tiene, inevitablemente, una segunda intención que es fortalecer al Estado. No es que esto sea algo malo, sino más bien algo necesario, por lo menos mientras se siga apostando por esta forma de organización política.
La policía escolta a los altos cargos políticos en los actos públicos. Es algo absolutamente natural, y nadie debería rasgarse las vestiduras por ello, se supone que son representantes públicos y es un gasto que debe aceptarse, puesto que estas personas están sometidas a un peligro mayor que otras. Además, se supone que su trabajo debería repercutir en el bien de todos los ciudadanos. Lo que ya no es tan obvio es cuando a esta policía se le manda a proteger a instituciones económicas de carácter privado. Si las labores de estas instituciones no persiguen un beneficio público no deberían ser protegidas, bajo ningún concepto, por la policía que subvencionamos entre todos.
En las huelgas generales o en algunos actos de protestas, la policía se atrinchera en las puertas de las grandes superficies, como cual Línea Maginot, para defender la integridad de estos establecimientos. Evidentemente, alguien podría argüir que tratan de evitar los desordenes públicos, pero ello pierde sentido cuando su atrincheramiento solo busca impedir la entrada a dichos establecimientos. Tienen un claro interés por proteger el interior del mismo y no lo que pueda ocurrir fuera, cuando eso debería ser una función exclusiva de los propios guardias de seguridad. Si éstos se vieran sobrepasados, es la propia empresa la que debe contratar más efectivos, pero jamás cargar al Estado con esa carga. A no ser que luego le pase la factura, pues el bien que defendió es exclusivamente de carácter privado.
En la actualidad comienza a observarse un incremento de la policía en los desahucios. Evidentemente, esto se debe a que estos desahucios se pueden acompañar de concentraciones en apoyo a los damnificados. No obstante, esa razón no puede justificar la intervención de la policía en favor del desahucio. Su papel es exclusivamente el de evitar desordenes públicos. Si la policía decide decantarse a favor de la empresa que ejerce el desahucio, a pesar de que también está asegurando el cumplimiento de una ley u orden judicial, nuevamente estará tomando partido por una institución privada cuyas ganancias aumentan exponencialmente y cuyos intereses privados no repercuten en beneficio de la ciudadanía. ¿Es posible que la propiedad privada cuente con un nivel más alto de protección jurídica que las personas?
En los regímenes occidentales existe un sistema de libre mercado. Este sistema predica que los medios de producción sean de titularidad privada y que sus propietarios compitan en un mercado para lograr el máximo beneficio posible. Pero, un sistema de estas características no se sustenta solo sobre empresas, sino que, además, hacen falta un buen número de instituciones financieras que permitan una rápida fluctuación del llamado capital financiero.
Todo ese entramado será protegido por el Estado. Las propias leyes del mismo establecerán las condiciones de protección y las sanciones previstas, las cuales tendrán un efecto disuasorio. Pero si este esquema funciona es, indefectiblemente, por el uso de la fuerza, la cual se personifica, como no podía ser de otra manera, en la policía. Es obvio, que la policía investigará los asesinatos y los robos, porque si las leyes no tipificaran esas conductas como delito la ciudadanía pronto comenzaría a aplicar sin mesura su propia Ley del Talión, lo que acabaría haciendo cundir la anarquía. En realidad, todo hecho que el código tipifica como delito tiene, inevitablemente, una segunda intención que es fortalecer al Estado. No es que esto sea algo malo, sino más bien algo necesario, por lo menos mientras se siga apostando por esta forma de organización política.
La policía escolta a los altos cargos políticos en los actos públicos. Es algo absolutamente natural, y nadie debería rasgarse las vestiduras por ello, se supone que son representantes públicos y es un gasto que debe aceptarse, puesto que estas personas están sometidas a un peligro mayor que otras. Además, se supone que su trabajo debería repercutir en el bien de todos los ciudadanos. Lo que ya no es tan obvio es cuando a esta policía se le manda a proteger a instituciones económicas de carácter privado. Si las labores de estas instituciones no persiguen un beneficio público no deberían ser protegidas, bajo ningún concepto, por la policía que subvencionamos entre todos.
En las huelgas generales o en algunos actos de protestas, la policía se atrinchera en las puertas de las grandes superficies, como cual Línea Maginot, para defender la integridad de estos establecimientos. Evidentemente, alguien podría argüir que tratan de evitar los desordenes públicos, pero ello pierde sentido cuando su atrincheramiento solo busca impedir la entrada a dichos establecimientos. Tienen un claro interés por proteger el interior del mismo y no lo que pueda ocurrir fuera, cuando eso debería ser una función exclusiva de los propios guardias de seguridad. Si éstos se vieran sobrepasados, es la propia empresa la que debe contratar más efectivos, pero jamás cargar al Estado con esa carga. A no ser que luego le pase la factura, pues el bien que defendió es exclusivamente de carácter privado.
En la actualidad comienza a observarse un incremento de la policía en los desahucios. Evidentemente, esto se debe a que estos desahucios se pueden acompañar de concentraciones en apoyo a los damnificados. No obstante, esa razón no puede justificar la intervención de la policía en favor del desahucio. Su papel es exclusivamente el de evitar desordenes públicos. Si la policía decide decantarse a favor de la empresa que ejerce el desahucio, a pesar de que también está asegurando el cumplimiento de una ley u orden judicial, nuevamente estará tomando partido por una institución privada cuyas ganancias aumentan exponencialmente y cuyos intereses privados no repercuten en beneficio de la ciudadanía. ¿Es posible que la propiedad privada cuente con un nivel más alto de protección jurídica que las personas?
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