Las jubilaciones a los 67 y la derecha

En España, el ejecutivo desea ampliar la edad legal a los 67. Es aquí donde se origina un debate que deberá ser ideológico por un lado, pero también técnico por otro. ¿Ideológico por qué? Evidentemente, la izquierda y la derecha (dejando a un lado siglas políticas) deben actuar de manera distinta, cuando no diametralmente opuesta, a los diferentes problemas que pueden aparecer. Recientemente se ha visto la manera de actuar del PSOE frente a la crisis económica. No ha nacionalizado sectores estratégicos de producción para asegurar la distribución de objetos básicos a la ciudadanía; no ha pedido un esfuerzo considerablemente mayor a las rentas más altas; y tampoco ha optado por nacionalizar la banca, aunque sí utilizó dinero público para salvar a los bancos. 

Esas medidas son claramente de derechas. Por consiguiente, si frente a un problema como es el envejecimiento de la población se opta por retrasar la edad de jubilación significa que se apuesta por la solución que se halla más a la derecha. Ello se deduce sencillamente porque se le está ocasionado un perjuicio objetivo a los trabajadores, mayor incluso para los que están llevando a cabo trabajos manuales. Hasta aquí, brevemente, el debate ideológico se podría dar por concluido. 
 
¿Qué pasaría en lo concerniente al debate técnico? Pues resulta que, muy concienzudamente, se ha extendido la idea que frente al envejecimiento de la pirámide poblacional no existe otra solución que ampliar la edad de jubilación. Es decir, se arguyen argumentos demográficos, aunque los estudios que los amparan son de instituciones bancarias, como el BBVA o el Banco Santander, cuyas posiciones son conocidas. Parece concluirse que si en el año 2007 se dedicaba el 8,4% del PIB a pagar las pensiones de los jubilados, en el año 2060 el coste de dichas pensiones pasarían a ocupar el 15,2% del PIB. Este motivo parece ser suficiente para que el cártel de voceros oficiales de los intereses de la clase empresarial del país proclame, sin dejar margen a la duda, que la reforma se debe acometer cuanto antes. 
 
No obstante, existe replica a este argumento, pese a que no se le dé la misma repercusión mediática. Resulta que, como apunta el profesor Vincenç Navarro en un reciente artículo suyo, si la productividad laboral creciera lo que se estima que debiera hacer, evidentemente también aumentaría el PIB, (porcentualmente a dicha productividad laboral). Por ello, aunque en un futuro se debiera dedicar una mayor cantidad del PIB a satisfacer la cantidad demandada en las pensiones de jubilación, el PIB sería también mayor, por lo que podría hacerse sin ningún problema. Por otra parte, si la productividad del país se estancara de tal modo que no fuera capaz de soportar las pensiones futuras, mayor motivo de preocupación debería ser, sin duda, analizar el porqué de ese estancamiento.

Así pues, un gobierno mal llamado socialista se encarga de satisfacer sistemáticamente los intereses de los empresarios y poderes fácticos económicos del país que encuentran irresistiblemente rentable los efectos de esta medida. El otro partido se frota las manos porque le están haciendo los demás el trabajo sucio. Mientras los trabajadores van a tener que esperar dos años más para disfrutar de la merecida jubilación. Esto puede llegar a ser aceptable para un oficinista pero jamás, por ejemplo, para un obrero de la construcción.




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